Tras la sanción de la Ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos que contiene una serie de polémicas reformas, entre ellas la RIGI (Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones), quedó en manos de las provincias la adhesión a este régimen, cuyos alcances no fueron comunicados en su totalidad y que podrían redundar en graves impactos sobre los ambientes locales.
Para el caso de Salta, este martes ingresó el proyecto de pedido de adhesión a las RIGI y se disparan las alarmas sobre los efectos no solo en minería, sino también en la luz verde que se otorgaría para la avanzada de la frontera agropecuaria. Frente a ello, desde las organizaciones sociales ambientalistas y feministas se encuentran enarbolando estrategias de visibilización de estos efectos.
Uno de los puntos más críticos del RIGI es su impacto potencial en los recursos naturales y la biodiversidad local. Según los términos del régimen, las provincias que se adhieran podrían experimentar un incremento significativo en actividades extractivas, no solo en minería sino también en el avance de la frontera agropecuaria. Esta letra chica ha generado gran preocupación sobre los impactos ambientales que estas actividades podrían causar.
El ambiente en la lupa: los impactos no serían solo de la minería
El RIGI promete beneficios fiscales que incluyen exenciones impositivas, ventajas cambiarias y aduaneras que se extenderán por 30 años. Mientras que esto es atractivo para sectores como la minería y la agroindustria, las consecuencias ambientales podrían ser severas. El sector foresto-industrial, por ejemplo, ha mostrado gran interés en este régimen, como se evidenció en la reciente Exposición Rural de Palermo organizada por el Consejo Foresto-Industrial Argentino (CONFIAR).
En tanto, en la provincia el interés en el RIGI también se manifiesta en la exportación de carbón vegetal a partir de la exploración de opciones para potenciar la exportación de este producto, con el acompañamiento oficial. No obstante, el problema radica en el impacto sobre los bosques nativos, ya que el nuevo ordenamiento territorial podría permitir un desmonte masivo, como señala un reciente documento de Greenpeace en relación al proyecto de modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
El documento “Observaciones a la propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia de Salta” de Greenpeace resalta serias preocupaciones:
Deforestación Previa: Desde 2007, Salta ha perdido más de 714,052 hectáreas de bosques nativos, muchas veces en zonas protegidas (Categorías I – rojo, II – amarillo). La propuesta actual podría legalizar la deforestación de otras 721,568 hectáreas, contraviniendo compromisos internacionales como el de Deforestación Cero para 2030.
Zonificación Flexible: La propuesta permite el desmonte en áreas previamente protegidas, lo que es ilegal bajo la Ley Nacional de Bosques. Además, introduce una categoría marrón no reconocida por la ley, facilitando decisiones arbitrarias y disminuyendo el control social sobre los desmontes.
Impacto en Comunidades Indígenas: El documento también destaca la falta de consulta a comunidades indígenas, incumpliendo con la consulta libre, previa e informada, un requisito clave para la protección de sus derechos y territorios.
Pedido de adhesión de la provincia a las RIGI
El diputado provincial de Ahora Patria, Roque Cornejo, presentó un proyecto de ley para que la Provincia de Salta adhiera a la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. En la misma iniciativa, el legislador también pide la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. En los fundamentos del proyecto, Roque Cornejo detalló que en este contexto de desarrollo económico y social “es imperativo que nuestra Provincia aproveche las herramientas legislativas disponibles para promover inversiones estratégicas”. También considera que “la adhesión a la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos representa una oportunidad única para fortalecer nuestro tejido productivo y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”. Cornejo explica en su proyecto que es necesario promover sectores que son clave: la industria, la agricultura, la tecnología y los servicios que impulsan la generación de empleo, la innovación y la competitividad provincial. “La adhesión a la ley nacional proporcionará un marco jurídico claro y seguro para atraer inversiones necesarias en estos sectores vitales”.
Reacciones y estrategias de las organizaciones sociales
Frente a esta situación, organizaciones sociales, ambientalistas y feministas han intensificado sus esfuerzos para visibilizar los efectos negativos del RIGI. Un comunicado reciente de estas organizaciones critica el Pacto de Mayo firmado por el presidente Javier Milei, el cual instó a las provincias a explotar los recursos naturales sin considerar el impacto ambiental ni las necesidades de las comunidades locales.
En esa línea alertaron que: “Las palabras del presidente y el texto firmado por las autoridades provinciales (punto 7), van a contramano del mandato constitucional, que garantiza a todos los argentinos el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano… La explotación descontrolada de los recursos naturales genera más pobreza y demanda más recursos del Estado para paliar las crisis sociales y ambientales que ocasiona.”
De este modo, y a partir de una campaña nacional entablada para darle visibilidad a estos efectos y según los contextos provinciales, las organizaciones subrayan la importancia de un enfoque más sostenible y justo en la explotación de recursos, promoviendo un pacto social y ambiental que contemple las necesidades de las generaciones presentes y futuras. En ese marco elaboraron una carta como propuesta colectiva con dos objetivos fundamentales: Que la mayor cantidad de personas, asambleas, comunidades indígenas, organizaciones adhieran. Y un segundo objetivo, que cada territorio la presente y se la haga llegar a legisladores, diputados y concejales. En la misma, las instituciones fundamentan su rechazo a esta iniciativa de saqueo y depredación ambiental.
La discusión sobre el RIGI no es solo una cuestión de política económica, sino también un llamado a repensar nuestra relación con el entorno natural y la manera en que planificamos nuestro futuro colectivo.
Fuente: Nuevo Diario de Salta
