La conferencia de las partes sobre biodiversidad de la Organización de Naciones Unidas (COP16), que se celebra en Cali, debatió el lunes sobre cómo financiar la protección de la naturaleza. Particularmente en el sur global, una de las zonas más afectadas por el cambio climático.
Hace dos años, 190 países se comprometieron a proteger el 30% del planeta hasta 2030. Pero, hasta el momento, solo 35 (entre ellos Colombia, México, España y la Unión Europea) han presentado planes de acción.
“América Latina puede mostrar liderazgo y empujar la discusión sobre cambios profundos en el sistema financiero internacional”, sostuvo Oscar Soria desde Cali, activista argentino y director del grupo de reflexión internacional The Common Initiative. “Hay básicamente dos fuentes de financiamiento, privado y público”, recuerda, por su parte, Brian O’Donnell, director de la organización no gubernamental Campaign for Nature, con base en Estados Unidos, quien acompaña las negociaciones en Cali.
En la parte pública, los países industrializados prometieron en 2022 ingresar un mínimo de 20 mil millones de dólares anuales al Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM). Esta es una asociación con sede en Washington de 18 agencias de la ONU, bancos multilaterales de desarrollo y oenegés internacionales. “Han cumplido con apenas el 1% y hay muy poca transparencia en la gestión de esos fondos”, critica O’Donnell.
Soria, en tanto, lamenta que “otra vez los países ricos han roto sus promesas; y no es por falta de dinero”. El año pasado, “los países del G7 gastaron 1,2 billones de dólares en armamento”, apunta.
Pero los países ricos no solo fallan en la cantidad del dinero, sino también en la gestión. En un estudio, la ONG Survival International encontró que la burocracia se devora el 24% del dinero y que, de los 22 proyectos aprobados hasta ahora, apenas uno ha beneficiado a los pueblos originarios, mientras que una tercera parte fue para proyectos de la sección estadounidense del WWF.
“Creemos que todo el mecanismo de financiación debe ser reconsiderado”, exige Fiore Longo, investigadora y activista de Survival International. Lo mismo piensan los países del Sur. Liderados por Brasil, Argentina y Colombia, exigen un nuevo organismo, con sede en el Sur, con el objetivo de priorizar proyectos para los países con más biodiversidad. Algo que los donantes rechazan por “ser supuestamente muy costoso y lento”, según relata O’Donnell.
Empresas que eluden su responsabilidad
La segunda fuente es el financiamiento privado. Las grandes empresas ganan miles de millones con productos basados en datos genéticos de la naturaleza. Los países en desarrollo exigen un fondo al que vayan parte de esas ganancias.
En este momento, se está debatiendo si ese aporte ha de ser voluntario – como quieren las grandes farmacéuticas y la industria cosmética, secundada por Gobiernos como Canadá, Japón y Suiza – u obligatorio como piden los países del Sur. Muchas de estas empresas son más ricas que los propios Estados.
“Tienen que asumir su responsabilidad”, exige el activista Óscar Soria. “Renuncian a un poco de ganancia, pero preservan la biodiversidad, que es la base de su negocio”, señala el experto argentino.
En Cali se habla de un gravamen del 1% sobre facturación o ganancias. La farmacéutica multinacional AstraZeneca gasta, según Soria, nada más en publicidad mil millones de dólares por año. Por su parte, la alemana Bayer-Monsanto facturó en 2023 unos 47 mil millones de dólares. “Nos resulta muy difícil creer que a las empresas les impacte tanto pagar un gravamen por recursos genéticos. Es avaricia irresponsable y cortoplacista”, prosigue el experto.
En discusión está también la repartición de este gravamen. Hay una propuesta sobre la mesa que habla del 30% para los pueblos originarios. El lunes durante el debate, Noruega propuso aumentarlo al 80%.
¿Cómo escapar de la trampa de la deuda?
Luego está el tema de la deuda externa. “Sin un debate serio sobre la condonación, es difícil salir adelante”, considera Soria. “Hoy el sistema financiero funciona para destruir la biodiversidad y no para protegerla”, subraya. En la COP, el tema no está sobre la mesa, pero se ha colado en los pasillos.
Por ejemplo, en la presentación del ‘Informe sobre la Deuda, la Naturaleza y el Clima’, encargado por los Gobiernos de Colombia, Kenia, Francia y Alemania. Los autores allí insisten en que la triple crisis de la carga de la deuda externa, la pérdida de la naturaleza y la crisis climática llevan a los países del Sur a un círculo vicioso.
Las perturbaciones ambientales y subsecuentes tensiones socio-económicas encarecen los préstamos y ralentizan el crecimiento económico, escriben los autores. En consecuencia, países con elevadas cargas de deuda tienen menos recursos para seguir una vía de desarrollo sustentable y se ven obligados a seguir en la trampa extractivista y destructora.
Economía del Norte, ligada a la biodiversidad del Sur
¿Qué se puede esperar de la COP16 entonces? “En el mejor de los casos, los países donantes pondrán más dinero sobre la mesa y acordarán una estrategia para mejorar la transparencia”, considera O’Donnell. “Así podremos avanzar en la implementación, en lugar de pelearnos por la financiación”, estima el ambientalista.
En el peor de los casos, añade, la financiación seguirá en el aire, habrá retrasos en la implementación y se profundizará la desconfianza entre el Sur y el Norte, con el peligro de que este ambiente tóxico se traslade a los debates sobre cambio climático en Bakú en diciembre.
Soria considera que los debates en la COP16 pueden abrir la puerta a un debate real sobre cambios en el sistema financiero y económico internacional. “La mitad de la economía mundial depende de la biodiversidad, rubros como alimentación, farmacéutica o construcción”, señala el experto. Por lo que, si se destruye la naturaleza en el Sur, también sufriría la economía en el Norte.
Fuente: DW
