Con el desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, la administración Milei apuesta por crear un enemigo interno en un proceso de “gentrificación”. Su objetivo es una Patagonia vaciada. Por Sebastián Premici.
La crueldad avanza. La administración Milei desfinanció el Servicio Nacional de Manejo del Fuego con un recorte en su ejecución presupuestaria del 73% durante todo 2024 comparado con las partidas del 2023. Un total de 400 brigadistas y 600 profesionales y administrativos, vinculados al cuidado de los Parques Nacionales, permanecen sin contrato laboral estable.
Los incendios en el Bolsón y la falta de recursos del Estado nacional que se denuncia desde el territorio son una de las principales consecuencias del programa de miseria planificada de La Libertad Avanza.
En la zona de Wharton–La Confluencia, uno de los focos de incendios en la Comarca Andina, sus pobladores tuvieron que organizarse en brigadas para luchar contra el fuego. Luego fueron reprimidos por patotas paraestatales. Manuel, uno de los rescatistas, brindó su testimonio -un signo de esta época oscura- ante una consulta de la Revista Cítrica.
“Los vecinos hemos pedido millones de veces actividades preventivas, manejo, organización y logística y nunca hubo financiación para este tipo de políticas públicas. El área tiene 65.000 hectáreas y solamente hay seis guardias ambientales. Hay intereses de gentrificación, mueven a las personas a través del fuego. Bullrich (Ministra de Seguridad), principal funcionaria a cargo del sistema nacional de manejo del fuego, se empeña en construir un enemigo interno que no son las inmobiliarias, los terratenientes, las empresas mineras, sino las comunidades mapuches. Las consecuencias son nefastas».
Como ya lo hiciera Macri en su momento, la casta mileista busca congraciarse con determinados sectores empresariales, cuyos nombres aparecen escamoteados en los grandes medios de comunicación. A modo de ejemplo aparece Joe Lewis, el magnate británico que adquirió su estancia Lago Escondido en la década de 1990 de manera fraudulenta a partir de una intrincada red de testaferros liderada por empresarios locales (el clan Van Ditmar). También construyó su propia central hidroeléctrica asociándose a Pampa Energía (Marcelo Mindlin) y puso su casa para que el macrismo siguiera operando en las sombras junto a funcionarios judiciales, funcionarios porteños, espías y el Grupo Clarín.
Una Patagonia vaciada
Cuando avanzaba el fuego, y los pobladores de El Bolsón empezaban a organizarse como brigadistas ante la falta de recursos provinciales y del Estado nacional, una patota a caballo (estilo siglo XIX como le gustaría al Presidente) pretendió amedrentar a quienes estaban defendiendo el territorio. Con los ojos bien cerrados, la respuesta del Estado –provincial y Nacional– fue apresar a los brigadistas que pusieron sus vidas a disposición de la Comarca. La policía de Río Negro apresó “perejiles” y desde el Estado nacional acusaron a los mapuches de iniciar los incendios. La mentira planificada al servicio de un plan estatal criminal.
Soraya Maicoño vive en el paraje Mallín Ahogado. Ella es mapuche – tehuelche y en 2017 era la werken (vocera) de la comunidad Pu Lof en Resistencia Cushamen al momento de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Hoy denuncia la connivencia entre la provincia de Río Negro, el Estado nacional y las pretensiones de Lewis de seguir expulsando a los pobladores de la región.
“Hubo una manifestación espontánea frente a la comisaría por las detenciones arbitrarias. Allí apareció una patota parapolicial que viene ejerciendo violencia hace varios años cada vez que se hace una marcha pidiéndole a Joe Lewis que abra el acceso a Lago Escondido. Es lamentable que, a estas alturas, como seres humanos, estemos siendo gobernados por gente de la vieja política, de una política dañina con intereses en esas tierras”, sostuvo Maicoño durante un reportaje realizado por Antonella Bernetti para El Destape.
La patota actuó bajo una zona liberada. “La policía no hizo nada y dejó que se le pegara a la gente. Esa patota es la misma que apareció cuando habían asesinado a Elias Garay (otro joven mapuche). Desde el Estado nacional insisten con la construcción de chivos expiatorios, ya lo vivimos con el asesinato de Rafael Nahuel”, sostuvo Rubén Marigo, abogado de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH).
En este escenario, el Estado provincial avanzó con detenciones arbitrarias, tal como sucedía durante la última dictadura cívico militar. En las últimas horas del viernes 7 de febrero, detuvieron a Federico, Camila y Catalina, otros tres brigadistas voluntarios acusados falsamente de “terroristas”. Incluso el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también puso la mirada sobre lo que sucede en la Patagonia.
A partir de 2016, Bullrich –como ministra de Seguridad de Mauricio Macri – construyó toda una narrativa sobre los “mapuches terroristas” siguiendo los lineamientos del Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, que en 2004 había publicado un documento titulado Mapping the Global Future” (Mapeando el Futuro Global), en el cual se hablaba de las “nuevas amenazas globales”: “La emergencia de movimientos indigenistas políticamente organizados también puede representar un riesgo para la seguridad regional”. La construcción de enemigos internos, tal como se había llevado adelante con el Plan Cóndor durante la última dictadura cívico militar.
Ahora, apañada por el fascismo de la Libertad Avanza, Bullrich redobló la apuesta, al decir de la antropóloga Laura Kropff: “La diferencia con contextos anteriores radica en que el ataque es por diferentes frentes. Antes, la ideal del chivo expiatorio era más sutil. Se disciplinó a la sociedad construyendo un chivo expiatorio (como podrían ser los mapuches), pero ahora hay muchos chivos expiatorios. Es un ataque menos selectivo. El ataque a los mapuches es un ataque a la sociedad en general”.
Los autores intelectuales (bien ocultos)
Mientras la patota de Lewis actuaba de manera impune, por abajo del radar se movían algunas piezas de este gran rompecabezas. Entre el incendio ubicado en la zona de Confluencia (El bolsón) y Villa Mascardi (territorio donde fue asesinado Rafael Nahuel) se pretenden construir un par de represas hidroeléctricas (así como Lewis montó la suya sobre Lago Escondido).
La información se conoció hace un par de días, mientras los incendios arrasaban la Patagonia. El gobierno de la provincia de Río Negro, a cargo de Alberto Weretilneck, otorgó permisos de “utilización de agua pública para generación de energía eléctrica para uso interno en tres centrales hidroeléctricas” en una parcela de propiedad de la firma Río Villegas S.A.U. El único accionista de esta sociedad es Baguales Acquisitions S.A, una empresa en la que figuran como propietarios Gastón Gaudio y el catarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri. Quieren una Patagonia vaciada.
En la misma semana, el vocero presidencial Manuel Adorni, calificó de terroristas a otras tres comunidades mapuches de Mendoza. Las mismas a quienes les revocaron desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la cesión de tierras (reconocimiento de la posesión ancestral). Las comunidades afectadas y acusadas fueron Lof El Sosneado, Lof Limay Kurref y Lof Suyai Levfv.
“Tenemos 25 causas judiciales en nuestra contra en los últimos dos años, impulsadas por las organizaciones llamadas Consenso Bariloche y Consenso Tucumán. Estas son ´agrupaciones de abogados´ que esconden los intereses de grandes terratenientes que ya se habían hecho visibles durante el macrismo. Y ahora van por nuevos enemigos internos. Actúan de manera calcada a como lo hacían durante las dictaduras de los 70 en toda la región. Este es un fascismo en serio”, denunció Gabriel Jofré, integrante de la Organización Identidad Territorial Malalweche.
Las causas judiciales en su contra están radicadas tanto en la provincia de Mendoza como en el fuero federal. Jofré no tiene dudas en identificar a los autores intelectuales del ataque hacia estas tres comunidades–familias. Una de ellas es la empresa Sociedad Minera S.A. (SOMINAR), cuya Estancia está ubicada entre los departamentos de San Rafael y San Carlos; sus límites son los ríos Diamante y Atuel, la ex ruta nacional 40 y la frontera con Chile. Son dueños de casi 400.000 hectáreas.
La otra empresa que arremetió contra las comunidades representadas por Jofré fue Nieves de Mendoza, un holding de inversores malayos con ingleses. También participa el fondo Walbrook. Es la misma sociedad propiedad de Valle de Las Leñas SA, del empresario malayo Pakiri Arumugam. También aparece la sociedad Valles Mendocinos.
Ambas compañías son representadas legalmente por el estudio de abogados propiedad del ex candidato presidencial y ex titular de la UCR, Ernesto Sanz, uno de los armadores ideológicos del extinto Cambiemos. Entre las tres sociedades juntan casi 1 millón de hectáreas, cuando las comunidades de Lof El Sosneado, Lof Limay Kurref y Lof Suyai Levfv, ocupaban apenas 22.000 hectáreas. Pretenden una Patagonia vaciada.
La mentira planificada
En la misma semana, Bullrich dejó trascender entre los medios de comunicación (caniches) que se decretaría a la RAM como una organización terrorista. En diciembre de 2017, la por entonces funcionaria macrista publicaba un informe sobre la RAM –con la intención de ensuciar a Santiago Maldonado- en la que hablaba de 96 causas vinculadas a esta inexistente organización terrorista.
De esas 96 causas, 25 correspondían a la Justifica Federal y 63 a la Justicia Provincial: 54 de Chubut, 6 en Río Negro y 3 de Neuquén. Había 8 expedientes sin jurisdicción determinada, y la mayoría de los expedientes no tenía personas identificadas.
La jueza de Esquel, Carina Estefanía, determinó que no existían rastros de la tan mencionada RAM, y que la mayoría de esos procesos judiciales habían sido archivados por falta de evidencias. La magistrada tuvo a su cargo una causa por usurpación -neurálgica para el informe falaz de Bullrich- iniciada por Benetton (que posee 1 millón de hectáreas entre Chubut y Santa Cruz) contra los integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen, el mismo territorio en donde ocurrió la desaparición forzada seguida de muerte de Maldonado. Todos los acusados quedaron absueltos, incluido Facundo Jones Huala.
“Las primeras investigaciones vinculadas a la RAM surgen desde la propia policía chubutense. Durante todo el juicio estuve muy expectante para ver qué pasaba con la RAM, cómo sobrevolaba la RAM en este juicio y no encontraba nada. Era como que sobrevolaba y no bajaba al caso”, sostuvo Estefanía en marzo de 2019.
Bullrich inventó todo. En su informe de 2017, incluyó una acusación hacia la militante Nadia Paris y su compañero Fermín Martínez. El rostro de Nadia aparecía difundido en el capítulo que pretendía describir las supuestas vinculaciones entre la RAM y la organización chilena CAM (Coordinadora Arauco Malleco). A ambos les armaron una causa, vinculada al incendio de un auto. Les allanaron varias viviendas de las que secuestraron 4 armas. El Procurador General de Neuquén, José Ignacio Gerez, no dudó en afirmar: “Dimos con la conexión local de la RAM por el tráfico de armas”.
Esas armas pertenecían a Raúl Paris, padre de Nadia y Eduardo Paris, su tío, un reconocido militante por los Derechos Humanos, ex concejal del Partido Intransigente en Cipolleti. Eran viejas carabinas de caza. Nada tenían que ver con la RAM pero a Bullrich no le importó. En diciembre de 2018, la jueza Sonia Mabel Martin sobreseyó a Eduardo y Raúl. La mentira planificada.
Militarización
La Libertad Avanza quiere los territorios vacíos y militarizados. Ese fue el objetivo del decreto publicado por Milei, Bullrich y el ministro de Defensa, Luis Petri (Decreto 1107/2024 del 19 de diciembre de 2024), para permitirle a las Fuerzas Armadas actuar fronteras adentro “protegiendo Objetivos de Valor Estratégico”, entiéndanse cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el Estado nacional. ¿La estancia en Lago Escondido propiedad de Lewis? ¿Las instalaciones de litio en las que tiene participación BlackRock? ¿Las hidroeléctricas del catarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri?
No solo eso. Tras la sanción de la Ley de Bases, la ministra de Seguridad creó la “Unidad de Seguridad Productiva” destinada a “proteger” a las empresas que se acogerán al Régimen de Incentivo a las Grandes Empresas (RIGI).
“Existen sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos, requieren de una seguridad especial”, podía leerse en la resolución oficial publicada en el Boletín Oficial el pasado 13 de junio, al día siguiente de la feroz represión en las inmediaciones del Congreso.
La doctrina de seguridad nacional que manejan Bullrich–Milei ya definió enemigos, cualquiera que se oponga a las decisiones del Poder Ejecutivo, y trazó una línea de acción represiva para cuidar determinados activos. Un programa de violencia estatal (criminal) en el que toda la comunidad está en peligro.
Fuente: El Destape – Revista Cítrica
[…] La libertad y el individualismo no son excusas válidas para destruir la naturaleza. En sentido contrario, el artículo 240 del Código Civil y Comercial establece límites a los derechos individuales cuando se encuentran en juego derechos de incidencia colectiva como el funcionamiento y sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales y el paisaje. […]