La medida, que debe regir por el término de tres meses, se tomó haciendo lugar a una medida cautelar solicitada por la fiscalía por el daño inminente e irreversible que puede esta acción.
La titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, ordenó al Poder Ejecutivo de Chaco suspender los desmontes por el término de tres meses. Tal como había evaluado el Ministerio Público Fiscal en su planteo, la magistrada tuvo en cuenta “el daño inminente e irreversible” que podría ocasionarse al ecosistema en caso de continuar los desmontes.
La medida cautelar fue dispuesta por el término de tres meses o hasta que se reevalúe la situación, haciendo lugar a una medida cautelar solicitada la semana pasada por el fiscal federal de la capital chaqueña, Patricio Sabadini.
La orden judicial surge en el marco de una causa que Sabadini impulsó la semana pasada para que se investigue si siete imputados -entre ellos actuales y exfuncionarios y legisladores provinciales-, habrían facilitado la tala indiscriminada de árboles en territorio chaqueño.
Se trata del gestor forestal y actual ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Hernán Javier Halavacs; el actual empresario forestal y exdirector de Bosques, Miguel Ángel López; el exsubsecretario de Desarrollo Forestal y actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Luciano Olivares; el empresario forestal y diputado provincial Atlanto Honcheruk; el diputado provincial Juan José Bergia; el intendente de la localidad de El Espinillo, Zenón Cuellar; y el exsubsecretario de Recursos Naturales y también exministro de Planificación y Ambiente, Hernán Miguel Brunswig.
Es así que la magistrada resolvió “hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el término de tres meses o hasta tanto se reevalúe las condiciones de admisibilidad de la presente y en consecuencia, ordenar al Poder Ejecutivo de la provincia del Chaco -Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenibles-, la suspensión de los desmontes, tanto los que hubieren sido autorizados y aun no se han ejecutado, como así, el otorgamiento de nuevos permisos para ello, en el territorio de la provincia del Chaco; debiendo adoptar las medidas pertinentes a los efectos de supervisar en forma inmediata y permanente el cumplimiento de la misma”.
“Una afectación a la humanidad”
Al sostener su decisión, Niremperger afirmó que “la prevención debe ser la política principal respecto a la protección del medio ambiente”. “Debe ponerse de relevancia la interdependencia existente entre los bosques, la tierra y los seres humanos, especialmente en estos lugares donde existen comunidades indígenas con estrecha relación con la tierra y el ambiente, ya que la afectación al ambiente es una afectación a la humanidad”, destacó.
Y agregó: “Tengo en cuenta el daño inminente e irreversible que podría ocasionarse al ecosistema en caso de continuarse con los actos de desmontes en el territorio de esta provincia, sobre todo en las áreas protegidas, por cuanto en el contexto en análisis, la tala de un árbol podría significar no sólo un perjuicio al ambiente global sino a todos los seres vivos del lugar -seres humanos y animales-, con especial relevancia en las especies en extinción que han sido mencionadas en la solicitud”.
“Más aún, teniendo en cuenta que la afectación de los derechos puede darse siempre con mayor intensidad en los grupos vulnerables, ya que es sabido que los daños ambientales tienen relevancia especifica en los pueblos indígenas, niños y niñas, en las personas que viven en situación de pobreza, en las personas con discapacidad, en las minorías, conociéndose además el impacto diferenciado que tiene sobre las mujeres”, agregó.
El pedido del fiscal
El requerimiento fue solicitado el miércoles último por el fiscal Sabadini, quien impulsó la investigación para siete imputados, entre ellos actuales y exfuncionarios y legisladores provinciales, por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales y asociación ilícita.
La causa se inició el 3 de julio pasado a raíz de una presentación de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, que denunció “un entramado de corrupción de funcionarios públicos, personas del sector privado, así como personas jurídicas, que posibilitaron la tala indiscriminada de bosques nativos en todo el territorio de la provincia del Chaco con el consecuente daño irreversible para el ecosistema”.
En el cierre de su presentación, Sabadini se dirigió directamente a la magistrada, que ahora resolvió a favor de su petición: “Señora Jueza, usted tiene en sus manos aportar su grano de arena en la salvación de este planeta y así demostrar su compromiso, no solo con la ley, sino con la humanidad toda”.