Mendoza avanza contra campesinos e indígenas

El gobernador Alfredo Cornejo, aliado del presidente Javier Milei, consiguió que el INAI revise el reconocimiento de tierras ancestrales de tres comunidades mapuche, cruzadas por los intereses del proyecto “Malargüe distrito minero”. El gobierno nacional también puso a la venta las tierras federales que el Ejecutivo mendocino había cedido a la empresa El Azufre S.A. en plena cordillera.

A principios de 2023, llegaron al sur mendocino camionetas con fotos del general Roca y proclamas negacionistas. Por entonces, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) había concluido un prolongado relevamiento técnico, jurídico y catastral en las comunidades lof El Sosneado (en San Rafael) y las lof Suyai Levfv y Limay Kurref (en Malargüe). Se había concretado así el reconocimiento a la ocupación “actual, tradicional y pública” de esas tres comunidades puesteras identificadas en la larga memoria del Pueblo Mapuche.

Con la llegada de la Libertad Avanza a la Casa Rosada, y tras varias gestiones, el gobierno del radical Alfredo Cornejo consiguió que el INAI reabra los expendientes para dar marcha atrás con el reconocimiento de las tierras, mientras en el Poder Legislativo provincial aprobó el proyecto “Malargüe distrito minero occidental”.

Además de la amenaza contra las comunidades El Sosneado, y Suyai Levfv y Limay Kurref; el gobierno de Javier Milei —con Cornejo como aliado—, publicó el decreto 950/2024, con el que pone a la venta poco más de 300 muebles del Estado, entre ellos, las tierras fronterizas de “Campo Potrero de Cordillera”, una operación que había sido abierta por el ex gobernador Rodolfo Suárez en favor de la El Azufre S.A. La decisión atenta contra decenas de familias puesteras que habitaron y trabajaron esas tierras por generaciones en zona de glaciares y nacientes de ríos.  

Malargüe, distrito mapuche y puestero

La delimitación de Mendoza congrega riquezas minerales, agrícolas y subjetividades diversas. El departamento de Malargüe tiene una fisonomía aún más particular: allí hay fortuna minera, cielos límpidos y todavía se puede ver el rastro más nítido de las comunidades originarias que se desplazaban desde Wallmapu a las actuales pampas argentinas.

A partir de los años 2000, un número importante de familias crianceras, productoras caprinas y campesinas del sur mendocino, comenzaron a revalorizar la persistencia de una forma indígena de ver el mundo, heredada de abuelos y padres.Más tarde, se iniciaron trabajos coordinados entre organismos públicos y científicos, uno de los resultados fue la labor del INAI en la reconstrucción de una genealogía de trabajo pastoril en Malargüe, con reclamos territoriales que el organismo atendió desde 2009.

Ese proceso histórico importó poco para el poder político provincial. El 23 de marzo del año 2023 las legisladoras Cambia Mendoza Cecilia Rodríguez (UCR), Evelin Pérez (UCR) y Josefina Canale (PDP) elaboraron el despacho mediante el cual el poder legislativo provincial se opuso a la vigencia de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, desconociendo lo dispuesto por el INAI en las resoluciones 36/2023; 42/2023 y 47/2023. Pero además de ello, el acto legislativo se hizo dictaminando la inexistencia del Pueblo Mapuche.

La cruzada contra las comunidades mapuche fue llevada también al Poder Judicial. El entonces gobernador Suárez presentó una demanda judicial para desconocer lo resuelto por el INAI y consiguió un fallo favorable del juez federal de San Rafael, Mendoza, Eduardo Puigdéngolas, quien dictó una cautelar de carácter suspensivo. La causa siguió curso y, desde junio del año pasado, está en manos de la Corte Suprema.

Pocos días atrás, durante el “Almuerzo de las Fuerzas Vivas”, organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, Cornejo celebró una decisión digitada por la nueva gestión del INAI, a cargo del ex funcionario macrista Claudio Avruj. Se trata de la reapertura de la carpeta administrativa de las tres comunidades. “El INAI reconoce que deben darnos la debida participación al Ejecutivo provincial, tal como lo establece la ley y no como hizo el Gobierno nacional anterior, que les dieron tierras que están ubicadas en lugares estratégicos con factibilidad de petróleo y de minería, entre otras bondades”, blanqueó Cornejo. 

El interés económico detrás de este conflicto remite directamente a la empresa Nieves de Mendoza S. A., que asegura tener 4.477 hectáreas comprometidas en el campo “El Alamo”, donde viven las familias puesteras de Limay Kurref. La empresa, del grupo Walbrook de capitales malayos, adquirió las acciones de IRSA en 2003 y pasó a controlar el 97% del complejo de esquí Las Leñas y detenta unas 145.460 hectáreas totales en Malargüe. El otro gigante detrás de estos movimientos es el holding SOMINAR (Sociedad Minera Argentina), que ocupa unas 430.000 hectáreas, con posesiones en los bordes de los ríos Diamante y Atuel. Allí vive, desde hace varias generaciones, la comunidad de El Sosneado, amenazada por estas acciones. Se trata de un territorio en el que se busca explotar petróleo, yeso, carbonato de calcio, entre otros bienes comunes.

Entre Nieves de Mendoza S.A. y SOMINAR son más de medio millón de hectáreas que están en manos de capitales extranjeros. Estas empresas inciden, de manera directa, en las acciones de un gobierno provincial que ha hecho de la estigmatización de puesteros una escaramuza política: “El INAI ha admitido el reclamo de la provincia sobre los ‘indígenas truchos’”, les apuntó Cornejo.

En una provincia en la que el mundo viñatero se desvanece, aferrarse al extractivismo minero parece ser la única posibilidad de gobernar para la alianza radical-macrista, que lleva ya 12 años en el poder.

Por eso, el pasado 30 de octubre, la Cámara de Diputados de Mendoza avanzó con el pedido oficialista y aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los 34 proyectos de exploración que forman parte del plan Malargüe Distrito Minero Occidental.

Este martes 12 de noviembre, el Senado dio sanción definitiva a las 34 DIA y confirmó el ingreso de la minería a Mendoza. La provincia, con escasez hídrica, históricamente defendió el agua para la producción agropecuaria y cuenta con la vigente Ley 7722, que prohíbe el uso de las sustancias químicas inherentes a la minería.

El Azufre, tierras campesinas e indígenas puestas a la venta por el Estado 

En enero de 2022, el Gobierno de Mendoza cedió 12.300 hectáreas a El Azufre S.A. para un negocio turístico exclusivo. Por decreto, el entonces gobernador Rodolfo Suárez, generó un desalojo de facto de tierras habitadas por comunidades indígenas y familias campesinas productoras trashumantes de caprinos en una zona con glaciares y nacientes de ríos.

Esa decisión se tomó en clara violación de normativas nacionales y locales, que van desde la ley Glaciares (26.639), la ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160), hasta la ley provincial de Promoción y Arraigo de Puesteros (6086). El gobierno asignó esa inmensidad de pasturas y reservorio de agua a los empresarios Daniel Alejandro Nofal, Alejandro David Spinello y José Ignacio Beccar Varela.

Con la llegada de Milei a la Casa Rosada, el mega DNU 70/2023 y la Ley Bases, allanaron el camino para que nuevos grupos económicos puedan avanzar en el negocio inmobiliario, a través de la venta de tierras rurales que pertenecen a las Fuerzas Armadas, un hecho que tuvo su antecedente en un intento similar durante la gestión de Mauricio Macri.

Se trata de una entrega de soberanía territorial, debido a su ubicación en zona de frontera. Además, no existen estudios serios de impacto ambiental que avalen la viabilidad del emprendimiento y que, inevitablemente, implicaría el desplazamiento de puesteros, cuyo único medio de vida es el ganado trashumante que depende de esas veranadas.

 (*) Nota actualizada 12/11/2024

Fuente: Agencia Tierra Viva