En medio del debate por la Ley de Alquileres, encuestas realizadas desde la Unión de Inquilinos en Salta señalan que el 60% del salario mínimo se destina al pago del alquiler, sin incluir impuestos.

Después de conocerse la marcha atrás con la Ley de Alquileres, Natalia Soraire, referenta de la Unión de Inquilinos de Salta, expresó su preocupación frente a una problemática que en Salta se agudiza frente a la ausencia del Estado provincial.

“El Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación hoy declara que fracasa una Ley de Alquileres, una Ley de Alquileres que costó muchísima militancia, un derecho que pudimos adquirir para un sector muy vulnerable de la sociedad”, cuestionó Soraire tras el anuncio que generó malestar y rechazo de todo el sector.

Frente a este contexto, sostuvo firme: “Las organizaciones de inquilinos hablamos de que no fracasa una ley, fracasan políticas públicas para la aplicación de esta ley, la visibilización para que sectores como Defensoría defiendan a los más vulnerables, a los inquilinos que desalojan, que están endeudados, que pasaron una pandemia en donde perdieron su trabajo, perdieron más del 50% de sus ingresos”.

“Creo que nadie sostuvo al sector de inquilinos durante la pandemia porque no hicieron que se cumplan los decretos que salieron- enfatizó la referenta-. Nadie más que las organizaciones, que hemos luchado constantemente, en reuniones para que nos atiendan y atiendan las necesidades de todos los inquilinos que estaban siendo desalojados”.

En la misma línea, recordó que al ser sancionada la ley 27551, se hizo consensuado con un gobierno macrista. “Hay puntos que tuvimos que acordar con ellos como la inestabilidad de saber cuánto se podía subir anualmente, que ahí entró el Banco Mundial. La verdad que son puntos que nosotros no acordamos, que sabíamos que iba a traer problemas, pero creo que es un paso a seguir trabajando. No es que una ley fracasa, es una ley que deja estable a un inquilino en cuanto a algunos derechos. Creo que fracasan políticas públicas que la hagan cumplir”, insistió.

Continuó así con su análisis denunciando que “hay un lobby muy grande donde las inmobiliarias quiere desestimar esta ley porque a ellos no les sirve como negocio”. Al respecto, sostuvo: “Estamos acostumbrados a que traten como un negocio los alquileres, y nosotros creemos que es un derecho humano básico. Y ahí es donde pesa el poder porque siempre se hicieron negociados con la construcción y con el acceso a la vivienda alquilada”.

Cabe resaltar que, en 17 meses de vigencia, no se dio cumplimiento a algunos de los puntos esenciales de la ley, como la generación del Programa Nacional de Alquiler Social, o la creación del Registro de Inquilinos en ANSES. “La ley también establece que se tienen que crear organismos de Defensoría en toda la Argentina, alquileres sociales para los que no pueden pagar un alquiler o los que están esperando un techo, o hasta que puedan pagar un techo propio”, añadió.

Asimismo, cuestionó que no se cuente con estadísticas reales y precisó que, de acuerdo a encuestas que organizaciones de inquilinos realizaron, se sabe que “más del 80% de la población inquilina estaba endeudada en pandemia”. “Les pasamos estadísticas reales al gobierno nacional durante toda la pandemia. Por eso sacamos un escrito contra el gobierno nacional. Cuando nos sentamos a hablar con el Ministro no nos escuchó, no dijo nada sobre los alquileres sociales. No se aplicaron políticas para hacer cumplir esta ley”, sostuvo.

Consultada sobre el reflejo del alquiler en un salario mínimo, vital y móvil, advirtió: “Es más del 60% según estadísticas que venimos haciendo en encuestas, solo en alquiler. Después impuestos y demás es otro 10 al 15%”. Si a ese dato le agregamos que la canasta básica alimentaria se lleva en Salta el 70% del salario, la problemática se agrava. Sobre este punto, Soraire remarcó: “Acá la mayoría trabaja informalmente, son trabajadores de la economía popular, y la verdad es que no alcanza un sueldo en negro como para pagar un alquiler”, y agregó: “Pasa en toda la Argentina, pero más en los puntos que son turísticos, donde los alquileres están siendo por día y se cotizan a precio dólar”.

Destacó, además, la necesidad de una regulación efectiva en los precios de los alquileres, así como la regulación en los requisitos que se exigen. Al respecto, subrayó: “Aumentan lo que quieren, del 40 al 100%, y siguen ejerciendo la violencia de presentar cualquier tipo de contrato cuando hay un modelo de contrato a nivel nacional de cómo tendrían que ser, con suba anual y aquí se sigue sosteniendo la suba semestral sino no te alquilan”, y agregó: “Una de las cosas que salimos a reclamar es el tema de la no aceptación de infancias en alquileres. Es un acto de discriminación muy grande y se tendría que trabajar con el INADI. La ley no decía nada al respecto”.

En cuanto a lo que sucede en Salta, alertó sobre la cantidad de desalojos. “En Salta hubo seis tomas de terrenos, fue algo histórico”, analizó para luego señalar: “No hay terrenos fiscales en Salta. ¿Qué es lo que está pasando y a dónde van los fondos que se bajan para el plan Mi Lote? ¿Dónde está la plata que se baja desde Nación para el Registro de Barrios Populares para dignificar los barrios populares? Eso no está sucediendo. De hecho, se está desalojando a mujeres, recibo entre 3 a 5 consultas diariamente. Las tomas de terreno fueron de 1800 personas cada una, son personas que se quedaron sin techo en plena pandemia”.

Lamentó que la voz de las y los inquilinos esté siendo ignorada por parte de las autoridades. “No nos escuchan y nosotros tenemos datos reales porque las organizaciones estuvieron trabajando durante toda la pandemia, sosteniendo desalojos y un montón de situaciones- aseveró-. Nadie escucha a los inquilinos y es la clase trabajadora. Acá hemos presentado una Defensoría de inquilinos, hace 17 meses cuando salió la ley de alquileres, y el gobierno provincial no responde. La verdad es que no les interesa el tema. Presentamos este proyecto en el Concejo Deliberante, en la Municipalidad, y cuando salió la ley lo presentamos en la Defensoría de Derechos Humanos de la Provincia de Salta”.

“Se acercan las fiestas, a las inmobiliarias, a los propietarios no les importa si las familias no tienen dónde vivir y si puede haber muchos desalojos a fin de año”, expresó Soraire con preocupación, denunciando que “faltaron políticas públicas para ver cómo se desendeudaba un inquilino, están faltando políticas públicas para ver cómo se desendeuda un inquilino, y hay muchos que están pasando por 3, 4 o 5 meses de endeudamiento”.

Remarcó así que se encuentran presentando un escrito a nivel nacional, en reclamo ante la falta de respuestas al sector, además de un documento buscando frenar “esta autoritaria manera de decir que una ley no es grata, que quieran suspenderla hasta que traten el nuevo proyecto de ley”.

Fuente: Hora 7 radial – FM Noticias 88.1 MHz.