Dora Sorto y Ramiro Rivera, ambos miembros del Comité Ambiental del departamento de Cabañas, fueron asesinados en 2009 en su lucha contra proyectos de explotación minera.
Este jueves, la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES) expresó su profundo pesar por la falta de justicia en los asesinatos de dos ambientalistas, Ramiro Rivera y Dora Sorto, así como de un menor de edad, Emmanuel, ocurridos en diciembre de 2009.
A través de un hilo de mensajes en X, ADES recordó que este mes se conmemora el XV aniversario de la muerte de los defensores del medio ambiente, quienes lucharon por la protección de la tierra, el agua y la vida ante la amenaza que representaban los proyectos mineros. “Su valentía y lucha fortalecieron el movimiento ambiental que condujo a la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en 2017”, subrayó la organización.
Sin embargo, ADES lamentó que, hasta la fecha, no se ha hecho justicia respecto a estos asesinatos, lo que evidencia el débil sistema judicial en El Salvador. “Ahora, cuando nuestras autoridades retroceden en la victoria de la defensa por el agua, el territorio y la vida, al aprobar la Ley General de Minería Metálica, debemos continuar con su legado, honrando su memoria y exigiendo el cese de cualquier intento de reactivar la minería metálica, que significará la muerte de la población y del territorio salvadoreño”, se añadió en el comunicado.
Esta conmemoración se da en un contexto de creciente rechazo en la sociedad salvadoreña a la ley aprobada el pasado lunes por una Asamblea Legislativa predominantemente oficialista, que permite la exploración y explotación minera tras siete años de prohibición.
La normativa, propuesta por el gobierno del presidente Nayib Bukele, ha suscitado rechazo entre ambientalistas, organizaciones comunitarias, universidades y algunas instituciones religiosas, quienes advierten sobre el impacto negativo en las comunidades rurales y el medio ambiente. Según estimaciones de organizaciones ambientalistas, la explotación minera podría afectar a cerca de 4 millones de personas en la zona norte de El Salvador, que incluye los departamentos de Cabañas, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión.
Además, se prevé que la actividad minera afecte la cuenca del río Lempa, una área que abarca 17,790 kilómetros cuadrados, de los cuales 10,082 corresponden a El Salvador, 5,251 a Honduras y 2,457 a Guatemala. La Ley de Prohibición de la Minería de Metales fue aprobada en marzo de 2017 por el Congreso salvadoreño, tras considerar que la minería metálica representa una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias.
Fuente: TeleSur
