El Ministerio de Gobierno, a cargo de Ricardo Villada; Aguas del Norte, con Luis María García Salado a la cabeza; Desarrollo Social, a cargo de Silvina Vargas; y Salud Pública, bajo la dirección de Juan José Esteban, son las áreas que menos pedidos de informe respondieron entre 2019 y 2021, de acuerdo con datos que brindó la diputada Cristina Fiore. Producción y Desarrollo Sustentable, que dirige Martín De los Ríos; y Educación, a cargo de Matías Cánepa, son otras de las áreas que adeudan respuestas sobre sus gestiones.
Esta tarde sesionan nuevamente diputados. Uno de los proyectos de resolución previstos en el Acta de Labor busca que se cree la Oficina de Atención Ciudadana en la Cámara de Diputados de la Provincia. La diputada Cristina Fiore, una de las autoras de la iniciativa, expuso en este marco la falta de respuestas del Ejecutivo a los pedidos de informe. Además, cuestionó que aún la ciudadanía no puede ingresar al recinto.
Primeramente, la Diputada consideró que “hay que abrir más la Cámara a la Gente”. Cabe señalar que desde el gobierno nacional se anunció que desde el 1 de mayo se está en condiciones de regresar a la presencialidad plena en el ámbito de la administración pública. “Vos entrás por la calle Mitre, que es la entrada principal, y está cerrada. Tenés que entrar por atrás previa intervención de un diputado o un senador”, cuestionó anticipando que llevará el debate a la Cámara.
Así, sobre el proyecto que impulsa junto a su par Laura Cartuccia, explicó que “la idea de esta oficina es acercar un poquito la Cámara de Diputados a la gente en dos sentidos”. En primer lugar, señaló, “brindando toda la información respecto de las leyes, las declaraciones, las resoluciones que saca la Cámara. Cuáles son las actividades que tienen las diferentes comisiones, que puedan preguntar puntualmente por un diputado, qué proyectos tiene, cuáles han sido sus áreas de interés”.
“De repente, un ciudadano, un periodista, un estudiante, es necesario que haya alguna persona que sea miembro de la Legislatura. La idea no es crear nuevas estructuras y salir a nombrar gente sino personas de la propia estructura de la Cámara de Diputados- detalló Fiore-. Que tenga formación ya sea en la parte social, por ejemplo, alguien que conozca de informática, alguna formación jurídica también, que pueda brindar información, que pueda canalizar las consultas de las personas. Que quienes tengan alguna sugerencia las puedan acercar a la comisión o al legislador. O sea que haga de vínculo entre la Legislatura, sus comisiones, sus legisladores y la ciudadanía”.
“Por el otro- continuó-, que pueda celebrar convenios con otros organismos estatales y que puedan brindar servicios. Por ejemplo, hacer un convenio con el IPSS y poder ayudar a la gente con el tema de las órdenes, preguntas o inquietudes que tengan sobre el plan médico obligatorio, si cubre o no, cuánto cubre, o el Polo Integral de la Mujer”.
En esta línea, la legisladora remarcó: “Yo veo que hay un montón de planes, de programas, de Nación y provinciales, y la gente no sabe a dónde concurrir. Me parece que la Legislatura, sobretodo la Cámara de Diputados como representantes del pueblo de la Provincia de Salta, estaría buenísimo que una persona que entienda de todas esas cosas pueda ser de vínculo en cuanto a informar al ciudadano. Pero también, eventualmente, derivarlo a los organismos competentes, cuestión de asesorarlo”.
Aseguró que la información que se brindaría incluiría el estado de los pedidos de informe que realizan desde la Cámara, además de los informes en cuestión. “Hay que acondicionar la página web. Hoy, salvo que tengas el número de expediente, no podés acceder a eso. Yo soy de la idea de que la información tiene que ser pública, excepto que esté en juego una cuestión de seguridad de Estado”, insistió.
Y agregó: “No puede ser que hayamos presentado un proyecto de ley, que ya veré cuándo lo impulsamos, pero básicamente dice que cuando los ministros no te contestan los pedidos de informe se les puede aplicar una multa”. En este punto, se refirió a un ranking que elaboró con datos que abarcan desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2021. En el mismo, se da cuenta de la cantidad de pedidos de informe que se realizaron y sus correspondientes respuestas por parte de diferentes ministerios.
Según precisó, desde el Ente Regulador de los Servicios Públicos se respondieron casi el 90%, desde el Ministerio de Economía el 80%, desde el Ministerio de Gobierno el 22%, “que se supone que es el órgano político, la relación que hay del gobierno con la comunidad, con los otros poderes del Estado”. “El Ministerio de Salud Pública un 50%, más o menos”, agregó.
Y es que, remarcó Fiore, “la Legislatura también tiene el rol de controlar”. Al respecto, observó: “La Constitución te dice qué tenés que hacer, dice que el Ministro tiene que contestar también o tiene que ir a las interpelaciones. Pero no te dice que pasa si no contesta”.
En esta misma línea, enfatizó: “El municipio de la ciudad de Salta tiene una ordenanza en ese sentido, que la impulsamos allá por el 2000 y pico. Mendoza y Uruguay tienen legislación en donde se establecen sanciones pecuniarias a los ministros que no contestan. No son temas menores. Se supone que la ley, cuando la hacés responsablemente, tiene que tener sus raíces en una realidad. A veces, en esa realidad, a vos te faltan algunos datos, y esos datos los preguntas al Ejecutivo. Si no te contestan…”.
Aclaró, no obstante, que los datos recabados no incluyen los pedidos de informe que contestaron en los últimos meses. “Tenía una cosa muy rudimentaria. Ahora empezaron a contestar más alunas cosas, pero no están en el informe”, dijo.
