Una denuncia apunta a la existencia de un entramado de intereses entre funcionarios, empresas mineras y actores políticos, fundamental para que se aprobara la reforma a la Ley de glaciares.
Desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas realizaron una nueva presentación judicial que amplió una denuncia penal e incorporó nuevos elementos contra el secretario de Minería, Luis Lucero, y la senadora salteña Flavia Royón. Todo se da en el marco de la modificación de la Ley de glaciares.
Conflicto de intereses
Según la organización, existe una red de vínculos entre el sector público y privado que estaría impulsando modificaciones a la ley en beneficio de empresas mineras.
El planteo sostiene que funcionarios, consultores y legisladores “ejercen un doble rol” incompatible, participando tanto en decisiones del Estado como en actividades vinculadas a intereses privados.
El caso de Luis Lucero
La denuncia señala que el actual secretario de Minería habría asesorado previamente a grandes compañías del sector, incluyendo firmas internacionales con proyectos en Argentina.
Aunque el propio funcionario fue formalmente excusado por sus vínculos con empresas mineras, los denunciantes aseguran que continuó interviniendo en la reforma de la ley, que podría beneficiar directamente a esos proyectos.
Flavia Royón, también bajo la lupa
En paralelo, la denuncia amplía las acusaciones contra la senadora por Salta, a quien se le atribuyen vínculos con empresas y consultoras del sector minero.
Según el planteo, Royón habría participado activamente en el impulso de la reforma sin apartarse del debate, pese a posibles conflictos de interés vinculados a su trayectoria profesional.
Para los denunciantes, lo que está en juego no es solo una ley, sino un modelo de toma de decisiones. Además, advierten que la flexibilización de la ley podría habilitar proyectos mineros en zonas antes protegidas, con posibles impactos irreversibles.
Fuente: Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas
