Flavia Royón, Alberto Castillo y la orientación oficial a profundizar el saqueo. Por Pablo López.
Entre la gran cantidad de candidatas y candidatos del gobernador Gustavo Sáenz en esta elección salteña que tendrá lugar el 11 de mayo próximo, se destacan dos que representan de manera abierta los intereses de las empresas mineras.
La primera es nada menos que Flavia Royón, quien luego de ser secretaria de Minería en el gobierno salteño pasó a ser secretaria de Energía y Minería de la Nación en el gobierno de Alberto Fernández, e incluso continuó un tiempo más en ese cargo durante la presidencia actual de Milei.

Se dice que la permanencia en el cargo aún en el cambio de gobierno se dio por la férrea defensa de Royón de los negocios mineros. Hoy, en el marco de la campaña electoral y siendo candidata a diputada en una de las colectoras del gobernador en el departamento capital, ha planteado la idea de que hay que modificar la Ley de Ambiente de la Provincia para agilizar los proyectos mineros. Varios medios de comunicación, nacionales y provinciales, han denunciado que la ex funcionaria, además de tener dos cargos en el Estado salteño, dirige una consultora y es socia de una empresa vinculada a la extracción de litio.
Por otro lado está Alberto Castillo, candidato a senador de una lista libertaria inventada por Sáenz. Castillo fue presidente de Remsa, la empresa estatal salteña que maneja la minería. Desde ese lugar impulsó un acuerdo espurio con la minera sudafricana llamada Portofino -representada en el país por algunos ex funcionarios macristas, amigos suyos de su pasado como militante del PRO-.

Ahora hace campaña “criticando” al gobierno provincial por las supuestas altas tasas que se le cobrarían en Salta a las empresas exploradoras de minería. Una pantomima para reclamar que, como ya sucede en otras provincias, haya gravamen cero.
Estas candidaturas muestran los intereses que están detrás del gobierno de Sáenz.
Fuente: Prensa Obrera