Desde el nivel inicial hasta el superior, es un derecho que niñas, niños y adolescentes deben tener garantizado hace más de una década. Los avances y los retrocesos.

El 4 de octubre de 2006, luego de la lucha conjunta que involucró a organizaciones docentes, activistas, investigaciones académicas y un arduo debate en el Congreso, se sancionó la Ley Nacional de Educación Sexual Integral 26.150, que estableció que “todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal”.

La coyuntura política permitió que en 2008 se impartieran los lineamientos curriculares por cada nivel de enseñanza, a cargo del Ministerio Nacional de Educación, a través de materiales y cuadernillos, de la mano del Programa Nacional ESI. Los cinco ejes fundamentales quedaron establecidos: la ESI como derecho, la perspectiva de género, el respeto de la diversidad, la valoración de las emociones y la afectividad, y el cuidado del cuerpo y la salud. Y estos ejes deberían estar presentes en todos los niveles y en todas las áreas, de manera transversal.

Aunque la ESI no apareció mágicamente en las aulas luego de su sanción, se habilitó un camino de desafíos y posibilidades para incorporar un nuevo enfoque en el sistema educativo nacional.

Un recorrido que recién comienza

A 15 años de la ley, falta mucho por recorrer. La ESI como proyecto político-pedagógico aspira a transformar imaginarios, mandatos y desigualdades históricas que van más allá de la escuela y movilizan de una u otra manera la subjetividad de cada docente, con rechazos o adhesiones.

El programa nacional ESI brindó capacitaciones que fueron capitalizadas por una parte del sector docente, en general, “docentes militantes de la ESI”. Pero cuando no hay ESI no significa que no haya nada, sino que hay continuidad de los viejos enfoques moralistas y biologicistas: silencios, tabúes, estereotipos, violencias, abusos, disciplinamiento de los cuerpos, discriminación, etcétera.

En todos los niveles y materias se pueden detectar sesgos androcéntricos y sexistas. Desde los diseños curriculares de Historia, Literatura o Biología, los juegos del nivel inicial, hasta los discursos y mandatos cotidianos (“Los nenes no lloran”), así como también el uso de los colores: rosa/celeste, planillas de calificaciones organizadas en “mujeres” y “varones” o los deportes que se realizan de manera diferenciada según el género.

Sobre un relevamiento dirigido a 400 adolescentes y jóvenes de 16 a 24 años de las provincias de Jujuy, Salta, Buenos Aires, Córdoba y Río Negro, en junio de este año, solo el 20% afirmó haber recibido educación sexual de manera integral y el 2% afirmó haber recibido ESI en el total de las materias de su trayectoria. De esta investigación realizada por FUSA AC e Impacto Digital (de Iniciativa Spotlight, la campaña de Naciones Unidas para poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas) resultó que el 56% manifestó que la falta de formación docente es vista como la principal barrera para la implementación efectiva de la ESI.

Hoy, la ley tiene mayor respaldo normativo que en el año de su sanción. El espíritu transformador de la ESI va de la mano de otras leyes que han sido conquistadas en los últimos años en materia de género: la Ley de Protección Integral contra las Mujeres (2009), la Ley de Identidad de Género (2012), la Ley de Matrimonio Igualitario (2011), la Ley Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género (2015), la Ley Micaela (2018), la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (2020) y la Ley de Cupo Laboral Trans (2021).

La puerta de entrada a la ESI consiste en repensar la propia subjetividad docente, en cuanto al género y la sexualidad, los privilegios, la heteronormatividad y el cisexismo. Y revisar, sobre todo, qué se dice y cómo dentro de las aulas. Esto implica disponer de tiempo y en algunos casos, de dinero extra para realizar cursos o posgrados. Alrededor del 90% de la comunidad docente está compuesto por mujeres, y es importante tener en cuenta la distribución desigual de las tareas de cuidado y el trabajo doméstico que recaen en ellas todavía en mayor proporción. La pandemia evidenció aún más las desigualdades de la esfera privada en este sentido.

En perspectiva con 2006, podemos observar que la ley es binaria y falta impulsar más acciones que permitan la construcción de espacios más igualitarios dentro de las escuelas. Por ejemplo, capacitaciones para acompañar infancias y adolescencias trans –sin patologizaciones– así como también la promoción de métodos de prevención de ITS (infecciones de transmisión sexual) que incluyan prácticas sexuales no heteronormadas. La clave está en la formación, en la profundización de las políticas públicas y la divulgación de recursos.  «

Proyecto para actualizar

Uno de los principales obstáculos radica en el margen de apreciación que tiene la ley en su Artículo 5, donde establece que cada comunidad educativa adaptará las propuestas a su realidad sociocultural. De acuerdo con los datos aportados por Carolina Glasserman Apicella, licenciada en Ciencias Políticas y asesora en Diputados, en el transcurso en este último año se presentaron distintos proyectos en la Cámara que aspiran a actualizar la ley con el objetivo de modificar el artículo 5, incorporar en la letra de ley a todas las identidades de género y abandonar el binarismo. Por otro lado, la especialista señala que una de las cuestiones más importantes que proponen los proyectos de modificación es la declaración de orden público de la Ley ESI como una herramienta para impedir que los Estados provinciales y la Ciudad de Buenos Aires dificulten su aplicación. Hay cuatro proyectos presentados por el Frente de Todos, uno de la UCR con el PRO, uno del Frente de Todos con el Frente de Izquierda y otro de la UCR.

Fuente: Tiempo Argentino