Distintas organizaciones iniciaron una nueva Marcha por la Soberanía al Lago Escondido. El reclamo es por el libre acceso a un espejo de agua que permanece cerrado de facto y para denunciar la entrega de territorio y recursos naturales. La movilización se desarrolla en un contexto marcado por incendios, tensiones políticas y reclamos por justicia territorial.
Este 2 y 3 de febrero de 2026, participantes de hasta 17 provincias iniciaron desde distintas rutas y caminos de montaña la tradicional Marcha por la Soberanía al Lago Escondido, una acción colectiva que ya se ha convertido en símbolo de las luchas por el acceso público a los recursos naturales en la Patagonia argentina. La columna central de la movilización está encabezada por la Columna Juana Azurduy, conformada por organizaciones sociales, políticas, ambientalistas y vecinales.
Un contexto complejo: incendios, extractivismo y reclamos territoriales
La marcha se desarrolla en un escenario marcado por incendios forestales de gran magnitud que afectaron extensas zonas boscosas, profundizando la preocupación por la gestión del fuego, la protección de ecosistemas y la vida de las comunidades patagónicas. Para los organizadores, estos incendios no son hechos aislados, sino consecuencias de decisiones políticas que priorizan intereses inmobiliarios y extractivistas por sobre la protección de bienes comunes naturales.
En un comunicado difundido por la organización, se denunció que el actual gobierno nacional y gobiernos provinciales estarían impulsando políticas regresivas en materia ambiental, incluyendo modificaciones a la Ley de Bosques, la Ley de Manejo del Fuego, la Ley de Tierras y la Ley de Glaciares con el fin de favorecer negocios inmobiliarios, mineros y extractivistas en territorios que vienen de sufrir daños recurrentes.
El reclamo por Lago Escondido: agua, territorio y soberanía
Desde 2017, personas y colectivos realizarán esta marcha año tras año para visibilizar la privatización de un importante espejo de agua y reclamar la restitución del acceso público al lago. En la práctica, se encuentra controlado por intereses privados y extranjeros, en particular del magnate británico Joe Lewis, quien ostenta grandes extensiones de tierra que rodean el espejo de agua.
La movilización sostiene que se trata no solo de un reclamo por el acceso a una zona natural, sino de la defensa de la soberanía territorial frente a la extranjerización de recursos y a políticas que, según los organizadores, subordinan los bienes comunes a intereses privados y corporativos.
Apoyos, articulaciones y símbolos
La marcha reúne organizaciones de perfil diverso: movimientos sociales, gremios, asambleas vecinales y colectivos ambientales. Todas ellas se articulan con el objetivo de que los bienes naturales, como los lagos, los ríos y los bosques, no queden en manos de una élite económica y extranjera. Por el contrario, piden que se garanticen para la comunidad y el uso público.
La llamada Columna Juana Azurduy simboliza esa alianza territorial y política, evocando luchas históricas de resistencia y reivindicación de derechos colectivos. La movilización no solo apunta a llegar físicamente al Lago Escondido, sino también a poner en primer plano en la agenda pública temas como la protección del ambiente, la gestión del fuego, el acceso al agua y la defensa de los territorios ante modelos de desarrollo extractivistas.
Lo que viene: camino de montaña, solidaridad y visibilidad
La travesía hacia Lago Escondido exige recorrer caminos agrestes, superar desafíos naturales y movilizar recursos propios, por lo que la solidaridad entre los participantes, las comunidades locales y los colectivos que acompañan la marcha es fundamental. La visibilidad pública —a través de redes, medios comunitarios e iniciativas de comunicación territorial— es también parte estratégica de la protesta, para que la causa trascienda las fronteras locales y se convierta en una demanda nacional.
Al mantener la convocatoria cada año desde 2017, la Marcha por la Soberanía al Lago Escondido se ha transformado en un símbolo de las luchas por los bienes comunes, la soberanía territorial y la justicia ambiental en la Patagonia argentina, desafiando no solo las barreras naturales de la cordillera, sino también las estructuras de poder que, según sus participantes, perpetúan la exclusión del pueblo argentino de sus propios recursos.
