Días atrás se conoció la decisión de la justicia que, a partir de un amparo presentado en Orán, ordena a la Provincia garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de Salud Mental en Salta. La jueza de Primera Instancia de Personas y Familia de Segunda Nominación de Orán, Ana María Carriquiry, se refirió al fallo, que ya fue apelado, y a la grave situación devenida de la falta de infraestructura y recursos humanos para el área de salud mental.

Luego de la presentación del amparo, la jueza Carriquiry se presentó tanto en el hospital San Vicente de Paul de Orán, como en el Hospital de Salud Mental Miguel Ragone en Capital, para realizar una inspección ocular. “Tanto en el Ragone como aquí se ve lo mismo”, aseguró desde Orán y afirmando que la buena voluntad de lxs trabajadores resulta insuficiente. “Atiende 6200 personas por mes un médico, no hay manera. Tienen más psiquiatras, pero son muy pocos. Humanamente, no dan abasto, aunque el día tuviese 48 horas”, aseveró por FM Aries.

Inspección hospital Miguel Ragone

Reconoció que se trata de una situación que ocurre en toda la Provincia y, en referencia a lxs abogadxs del Ministerio de Salud que acompañaron en ambas inspecciones oculares, señaló: “A veces preferimos no mirar y, realmente, hay que mirar. Un espanto todo, y también hace a la salud mental. En la casa a uno no le gustaría vivir así” (ver https://alcostadodelmundo.com/2022/06/30/salud-mental-tras-el-amparo-colectivo-ordenaron-una-inspeccion-ocular-en-el-hospital-ragone/).

Por otra parte, se convocó a una audiencia pública en Orán, en donde familiares de personas con padecimientos mentales pudieron expresarse. “Los escucho todos los días en mi despacho. Pero, para la gente que no está acostumbrada, fue muy duro. No podemos seguir cerrando los ojos”, manifestó Carriquiry al respecto. Estuvieron presentes autoridades municipales, las legisladoras provinciales por Orán Jorgelina Juárez y Carolina Ceaglio, además de profesionales que dieron cuenta de la gravedad de la situación.

La asesora legal del hospital local, Maeva Spin Marty, admitió la inexistencia de un plan de salud mental. Aseguró que se cumple con la ley en la medida de los recursos que se manejan e hizo hincapié en un problema que se repite en gran parte del interior provincial, la falta de profesionales que deseen radicarse allá.

Fallo

Frente a esta situación, Carriquiry resolvió declarar el Estado de Cosas Inconstitucionales, una medida que se toma “cuando se vulneran de manera masiva los derechos en relación a la sociedad”. Ordenó a la Provincia llevar adelante un plan de salud mental que dé cumplimiento a puntos mínimos.

Entre otros puntos, debe llamarse a concurso para nombramiento de tres psiquiatras, diez psicólogos y debe nombrarse de manera directa un médico neurólogo. Se exige “terminar con la precarización laboral”, disponer la apertura urgente de centros de rehabilitación para personas con problemas de consumo, además de acondicionar las instalaciones y hacer efectivo el 10% de presupuesto de Salud al área de Salud Mental, y no el 0,4% que, afirmó, se destina actualmente.

Las medidas incluyen la orden de poner en funcionamiento, en un plazo de 90 días, el Órgano de Revisión de Salud Mental en el ámbito del Ministerio Público Pupilar. Así como garantizar la presencia de equipos interdisciplinarios en Orán.

Cabe recordar que el hospital tiene a cargo la demanda de las localidades de Aguas Blancas, San Ramón de la Nueva Orán, Hipólito Irigoyen, Pichanal, Colonia Santa Rosa, Urundel, Rivadavia Banda Sur, Los Toldos e Islas De Cañas.

Previo a la apelación, remarcó que, aún de presentarse, debe llevarse a cabo el cumplimiento del fallo “salvo que la Corte de Justicia dicte sentencia”. Además, aclaró que la medida judicial tomada “se aplica en relación al Ministerio de Salud y, en cuanto a la Provincia, a la Fiscalía de Estado”, y advirtió que “cualquier desobediencia judicial se tiene que correr vista al Ministerio Público Fiscal”.