Hace ocho años se presentó un amparo colectivo por daño ambiental. Tras el primer recorrido, la justicia intimó a la municipalidad de Salta y a la empresa Agrotécnica Fueguina a garantizar las condiciones de trabajo de los recuperadores urbanos.
Luego del amparo colectivo promovido hace ocho años por daño ambiental producto de la gestión de residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario San Javier, de la ciudad de Salta, se vislumbran algunos avances. El equipo interdisciplinario del CONICET, que realizará la labor ad honorem, comenzó el trabajo pericial con la presencia de la jueza interviniente, la doctora Victoria Mosmann.
También participaron Jorgelina Franco, ex concejala del Partido Obrero, demandante con el patrocinio de ALFA; y representantes de la Municipalidad de Salta y la Empresa Agrotécnica Fueguina por la parte demandada; los representantes del Ministerio de Ambiente y de Recursos Hídricos por la provincia de Salta y el personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales -CIF- en representación del Ministerio Público.
La pericia busca determinar la existencia de daño ambiental en aire, tierra, agua (superficial y freática) y biota. Asimismo, el impacto social, con la determinación de la existencia de contaminación por metales pesados como uno de los principales puntos peticionados por la parte demandante.
Es necesario remarcar que el amparo presentado por vecinos de la zona sudeste contra la Municipalidad de Salta, la empresa Agrotécnica Fueguina y la provincia, fue iniciado en 2017 ante el entonces juez de Cámara (que luego fue ministro de Seguridad del gobierno de Gustavo Sáenz), Marcelo Domínguez. El actual gobernador, Gustavo Sáenz, era en ese momento el intendente de la ciudad.
Luego de la renuncia de Domínguez a la judicatura, en 2022, la causa pasó a manos de la jueza de Minas, Victoria Mosmann. La magistrada ordenó que se inicie el relevamiento de información en el relleno sanitario, cuyo funcionamiento viene siendo investigado por lo menos desde 2005. En ese entonces, la Comisión Especial Investigadora del Servicio Esencial de Higiene Urbana de la Ciudad de Salta, a cargo de Javier Diez Villa (ex concejal, y actual secretario de Interior de la provincia), recurrió al investigador y doctor en Ciencias Ambientales, Lucas Seghezzo, para evaluar las condiciones del vertedero.
Entre los perjuicios señalados por vecinas y vecinos de la zona, afectados por vivir cerca del vertedero, se enumeran daños en la salud, con problemas respiratorios y la aparición de diversas dermatitis.
Investigación
Desde el CONICET explicaron que se trabajará en dos etapas. La primera será exploratoria, dirigida a determinar indicadores de daño ambiental. La segunda, en tanto, estará encaminada a establecer la extensión, causas, características e impacto social del daño evidenciado.
El muestreo y análisis de los elementos recabados se realizarán en diversas etapas y a través de diversos especialistas, es por ello que se requieren varias visitas al relleno sanitario que recibe la mayor parte de los residuos del área metropolitana salteña.
En la primera visita, el viernes 4 de julio, se procedió a determinar los puntos de muestreo y bosquejar un plan de trabajo que será sometido al escrutinio de las partes para asegurar la validez de la prueba. En esta ocasión, se recorrieron las diferentes trincheras del vertedero y sus instalaciones, hasta llegar al lecho del río. Además, se sobrevoló todo el complejo con un drone que tomó capturas de todo.
Según indicaron desde el Centro Comunitario para el acceso a la justicia Alfa, “quedó evidenciada la situación de riesgo de los operadores urbanos, que recogen residuos sin ningún tipo de material de protección y a distancias demasiados estrechas con las máquinas aplanadoras”. Además de subrayar que esta situación ya fue motivo de fatales accidentes, destacaron que va “a contramano de las ordenanzas vigentes, lo cual motivó la elevación de un acta que dio cuenta de ello, intimándolos la jueza a remediar dicha situación en el plazo de una semana”.
En el mismo plazo, los demandados deben proporcionar la información requerida por los peritos del CONICET. La misma refiere a los análisis de composición de los líquidos lixiviados vertidos en los piletones del predio, información que no había sido presentada con anterioridad en el expediente.
Por otra parte, explicaron, se observó la notoria contaminación y la falta de tratamiento de las aguas en las que se vierten residuos orgánicos.
En cuanto a los faltantes en infraestructura e instalaciones, así como las deficiencias de funcionamiento, los demandados argumentaron problemas de seguridad ocasionados por “vándalos” e insuficiencia de personal policial.
“Si bien la pericia recién está comenzando y es evidente que las limitaciones económicas no permiten realizar un análisis con la exhaustividad que sería deseable (ya que ello implicaría miles de dólares en gastos, solo en relación a reactivos, insumos y logística, sin considerar los honorarios de los peritos), no obstante se arribó a un acuerdo procesal para que la pericia del CONICET se realice en las mejores condiciones posibles, y esto no es poco”, agregaron desde Alfa.
Remarcaron también el valor de la pericia, que contará con la participación de especialistas de todo el país. “Su sola realización constituye ya un valioso plus, no solo para el proceso judicial, sino para saber dónde estamos parados en una cuestión que, por sus alcances, nos afecta a todos los salteños”, enfatizaron.
Fuente: Alfa Centro – Salta/12 – Cuarto
