Fue a través del decreto 63-23, publicado en el Boletín Oficial de la provincia. Cámaras empresarias salieron a criticar la decisión del Ejecutivo riojano.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, decretó la suspensión de los permisos otorgados de cateo, prospección y exploración del litio en la provincia. La decisión se tomó con base en lo establecido por la Ley Provincial N° 10.608. La misma, considera a este mineral como un recurso estratégico y de interés público.

En los considerandos, la norma sostiene que «es un deber de la provincia que investigue la disponibilidad de este recurso que, de existir con características comerciales, se incorpore desde una visión sustentable y sostenible como política pública del Estado”.

“Estamos en presencia de un mineral escaso, no renovable, insustituible, esencial para la transición energética”, destaca.

La Ley provincial 10.608 promulgada en las primeras semanas de enero pasado estableció que el estudio, la prospección, la exploración, explotación e industrialización del litio y sus derivados y al agregado del valor a los productos obtenidos será considerado como «un recurso natural estratégico» y de «interés público provincial».

“La Provincia está en condiciones de hacer la exploración y luego invitará a todas las empresas que quieran invertir. Pero siempre que le convenga a los riojanos, a La Rioja, al país y a las empresas también», sostuvo Quintela ante los medios.

Efectivamente, las zonas que revirtió La Rioja pasarán a investigación por parte de Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE). Se trata de la empresa provincial que quiere impulsar el gobierno de Quintela para que desarrolle proyectos de litio. Fuentes provinciales aseguran que la gobernación quiere terminar con la especulación inmobiliaria y replicar en EMSE un modelo similar al que realiza Jemse en Jujuy, que tiene participaciones en los proyectos mineros de litio junto al sector privado.

Críticas a la medida

La medida fue cuestionada por distintas cámaras empresarias. La Unión Industrial Argentina (UIA) dijo que «la promulgación de esta ley va en el sentido opuesto a las oportunidades que tiene la Argentina en materia de transición energética, desarrollo federal, creación de empleo registrado y generación de divisas por exportaciones».

Por su parte, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) consideró «fundamental que se actúe con coherencia y se respete el marco jurídico actual, que es el que permite la inversión minera en la Argentina, para generar desarrollo socioeconómico de todas las regiones y contribuir a la transición energética».

Por último, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) manifestó que «el desarrollo de cualquier industria, para el trabajo existente y para posibles inversiones, se debe fomentar desde el respeto por el marco jurídico vigente», y bajo «condiciones adecuadas para lograr un desarrollo correcto y productivo».

Fuente: Télam/ EconoJournal