Se trata de una resolución del juez federal Ernesto Kreplak que suspendió la derogación incluida en el mega DNU de Javier Milei.
Una resolución del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak suspendió la derogación de la Ley de Tierras (26.737) incluida en el mega DNU 70/2023 de Javier Milei. Esa norma de 2011 había puesto límites a la extranjerización de tierras rurales y, con eso, a la entrega de recursos naturales de la Argentina a otros países, corporaciones y capitales desconocidos. En nombre del “derecho de propiedad” y “las inversiones en el sector” el Poder Ejecutivo intentó borrarla de un plumazo. Para el juez, ese planteo “exhibe una orfandad argumentativa que permite concluir prima facie su irregularidad” ya que no explica cómo “contribuiría a superar los problemas sociales y económicos que trasunta la Nación”, que es lo que el decreto dice buscar. El amparo fue promovido por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim-La Plata), que pidió la medida cautelar concedida.
La causa
Kreplak advierte que, además de la falta de sustento, el DNU “no habría cumplido con los procedimientos esenciales y sustanciales para su dictado, ni posee el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico”. El Poder Ejecutivo, recuerda, no puede emitir disposiciones de carácter legislativo, salvo en circunstancias excepcionales que impidan el trámite parlamentario ordinario, y no es el caso. Cita fallos de la Corte Suprema que señalan que la Constitución “no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”. Para el juez la acción presentada es de “clara relevancia institucional” ya que “excede el mero interés individual de las partes afectando de manera directa el de la comunidad”. Se trata, dice, de un reclamo de carácter colectivo, que atañe a “un bien colectivo indivisible, la posible pérdida de soberanía sobre el territorio nacional y sus cursos de agua”.
El Cecim había remarcado en su amparo que por la Ley de Tierras se logró limitar “la adquisición y posesión de tierras a personas físicas o jurídicas de nacionalidad extranjera”, y se vedó la adquisición de tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”. Eso incluye ríos, mares, arroyos, lagos, lagunas, humedales, esteros y hasta glaciares. La derogación, dice, “libera el mercado de tierras, habilitando la extranjerización de las mismas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces”. También se refiere, a “la intromisión” del Poder Ejecutivo en las atribuciones del Legislativo, y la ausencia de requisitos de necesidad y urgencia.
Kreplak hizo lugar a la cautelar y suspendió preventivamente el artículo 154º del DNU, que es el que deroga la ley en cuestión, “hasta que se resuelva la cuestión de fondo”. Pidió que se inscriba el caso en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte. Es cantado que el Estado nacional apelará.
La relevancia
La Ley de Tierras Rurales ha permitido preservar las tierras que habitan y en las que trabajan comunidades campesinas e indígenas. También fue pensada para la protección de recursos naturales y bienes importantes para el desarrollo económico y el cuidado del ambiente, entre otras cosas. Puso límites puntuales a la titularidad: por ejemplo, solo puede haber un 15 por ciento de tierras en manos de extranjeros y un mismo titular no puede tener más del 30 por ciento de esa porción. El caso paradigmático de extranjerización -incluida el agua, con la apropiación del Lago Escondido- es el del magnate Joe Lewis. En su momento el gobierno de Mauricio Macri flexibilizó controles y permitió transferencias de acciones a extranjeros sin fiscalización.
En una cena con Mirtha Legrand, ante una pregunta de la conductora, Milei se jactó de que lo había llamado Elon Musk interesado por el litio, un mineral que se extrae en zonas de la puna como Jujuy, Catamarca y Salta. Se usa para fabricar baterías para vehículos eléctricos y celulares, por lo que en la Argentina se venían haciendo importantes inversiones, como una fábrica de baterías y acuerdos de explotación de YPF. Pero al Presidente, al parecer, le interesa que exploten y se lo lleven otros, y por eso le dijo a “la Chiqui” que necesitaba “un marco jurídico que respete los derechos de propiedad”, o sea, el DNU. Pese a que los recursos naturales son de las provincias, hay gobernadores bien dispuestos a entregarlos. En una entrevista con Alejandro Fantino, el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, dijo que también estaban “sacando oro en una de las minas”. “¿El oro se lo llevan también?”, preguntó Fantino. “Se lo llevan, si me lo dejaran estaría feliz”, respondió entre risas. El conductor, que si algo ha hecho es respaldar a Milei, le contestó: “Eso es neocolonialismo”.
Fuente: Página/12
