Asambleas socioambientales, multisectoriales, organismos de derechos humanos y sindicatos de la provincia de Río Negro y Neuquén expresaron su rechazo a la audiencia que tuvo lugar el jueves 20 de abril, convocada por la provincia de Neuquén, para presentar el Estudio de Impacto Ambiental del primer tramo del Oleoducto Vaca Muerta Sur propuesto por YPF, que empezaría en el yacimiento Loma Campana de Añelo y finalizaría con un gran puerto de exportación petrolera el Golfo San Matías.

 «El estudio evalúa tan sólo 127 de los 700 kilómetros totales del ducto. De esta manera, no tiene en cuenta los impactos acumulativos ni una evaluación ambiental estratégica. Tampoco los impactos asociados, como la cantidad de nuevos pozos de fracking para extraer el crudo que se transporte, la traza que impactará sobre la principal cuenca hídrica de la región, la planta de acopio en Punta Colorada, los caños que se introducen en el mar para cargar los barcos y el puerto», señalan.

Así se expresaron en un comunicado conjunto: «la audiencia convocada por la provincia de Neuquén para presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del primer tramo del Oleoducto Vaca Muerta Sur no tiene en cuenta la totalidad de los impactos del proyecto, no tiene real interés de promover la participación y no atiende el derecho a la consulta previa de las comunidades. Así, el mecanismo pierde todo sentido. La audiencia, convocada presencialmente en un hotel de Añelo el jueves 20 de abril a las 10.30, es un paso necesario para avanzar con el oleoducto propuesto por YPF, que empezaría en el yacimiento Loma Campana de Añelo y finalizaría con un gran puerto de exportación petrolera el Golfo San Matías», detallan.

«La audiencia pone en debate el EIA de una parte del proyecto: evalúa tan sólo 127 de los 700 kilómetros totales del ducto. De esta manera, no tiene en cuenta los impactos acumulativos ni una evaluación ambiental estratégica. Tampoco los impactos asociados, como la cantidad de nuevos pozos de fracking para extraer el crudo que se transporte, la traza que impactará sobre la principal cuenca hídrica de la región, la planta de acopio en Punta Colorada, los caños que se introducen en el mar para cargar los barcos y el puerto. ¿Ante una intervención quirúrgica compleja, podrían asegurar que no habrá mala praxis con tan solo conocer una foto de la mano y el bisturí del médico? Sabemos que todavía no está concluído el trabajo de análisis del proyecto en la Costa Atlántica», señalan.

Asimismo, recordaron que «vecinas y vecinos de las provincias de Neuquén y Río Negro, presentaron distintas notas reclamando que se suspenda la audiencia en pos de que se garantice un real derecho a la participación por medio de la modalidad mixta: presencial y virtual«. En ese sentido, destacan: «las presentaciones buscaban garantizar la participación de personas que no pudieron acercarse al lugar, ubicado a más de 100 kilómetros de la ciudad de Neuquén y a unos 700 km de donde el proyecto terminará. La respuesta ha sido desconocer el reclamo. Este derecho a la participación es una garantía constitucional que, además, está reconocido por acuerdos supranacionales como el Acuerdo Escazú, La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y La Declaración Universal de Derechos Humanos, La Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros. En todos esos acuerdos se intima a los Estados a garantizar la mayor participación de la comunidad en la toma de decisiones sobre todo en materia ambiental».

También remarcaron que «la audiencia convocada no respeta el derecho indígena», dado que «el EIA reconoce que la traza proyectada afecta el territorio de la comunidad mapuche Lof Fvta Xayen (en el paraje Tratayen)». Pese a eso, denuncian: «no se ha realizado la Consulta, Previa, Libre e Informada, un derecho otorgado por la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por eso, la comunidad afectada también reclamó mediante nota al ministro del área el lunes 17 de abril que suspenda el llamado a audiencia hasta que se realice la consulta en la comunidad».

Finalmente, las asambleas sostienen que «el proyecto de oleoducto y puerto no hubiera sido posible sin la apurada e ilegal modificación de la Ley 3.308 de Río Negro que defendía el Golfo de este tipo de intervenciones». «Ante esa resolución legislativa – agregan – distintas organizaciones presentaron en diciembre de 2022 un pedido de inconstitucionalidad ante Superior Tribunal de Justicia rionegrino del cual aún no hubo fallo. Entendemos que no existen garantías de libre proceso mientras la justicia no resuelva el pedido de inconstitucionalidad».

Por todo lo señalado es que denuncian que «la audiencia no es legal, ni legítima, ni pública, ni tiene validez», y convocan «a la ciudadanía, vecinos y vecinas preocupados por el ambiente y el desarrollo de nuestros territorios a sumarse».

Las asambleas socioambientales, multisectoriales, organismos de derechos humanos y sindicatos de la provincia de Río Negro que firmaron la declaración son la Multisectorial Golfo San Matías, la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, LA Confederación Mapuce de Neuquen-Zonal Xawvnko, el Observatorio Petrolero Sur (OPSur), la Asociación de Abogades Ambientalistas de Argentina, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, UnTER Valle Medio, el Movimiento Ecuménico de DD.HH. Regional Viedma y Patagones, la APDH Alto Valle, las Asambleas de la Curru Leufú, la Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas, la Asamblea Antimegaminería de Bariloche, la Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio Neyen Mapu de Valcheta, la Asamblea por el Agua y el Territorio de Wawel Niyeu (I. Jacobacci), la Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca), la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones, la Asamblea Socioambiental de Cipolletti, la Asamblea Permanente por el Río Colorado, la Asamblea Socioambiental Valle Medio, la Asamblea Ambiental Interpueblos de Ingeniero Huergo, Villa Regina, Godoy y Chichinales, la Asamblea del Valle de Conesa, la Asamblea del Coli Leuvu de Catriel y la Asamblea por el Agua Comarca de Viedma.

Fuente: ANRed