La reforma de la Ley de Glaciares de Argentina volvió a encender el debate ambiental en todo el país. Salta, gobernada por Gustavo Sáenz, fue una de las provincias que garantizaron el voto unificado de sus diputados nacionales.
En una sesión marcada por tensiones y fuertes cuestionamientos, la Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley de glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y abstenciones. Con el apoyo de Gustavo Sáenz y de otros gobernadores se habilitó un nuevo escenario para la explotación de zonas antes protegidas.
La reforma implica un cambio profundo: ya no todos los glaciares estarán automáticamente protegidos, sino solo aquellos que cumplan una “función hídrica efectiva”. Deja en manos de las provincias la decisión sobre qué áreas preservar y cuáles habilitar para actividades productivas.
Salta, alineada y con protagonismo
Las y los legisladores salteños votaron en bloque a favor del oficialismo. Consolidaron así una postura alineada con el impulso a la actividad minera y el esquema de desarrollo promovido por el Gobierno nacional.
En ese contexto, la presencia del gobernador Gustavo Sáenz en el Congreso no pasó desapercibida. Su participación fue interpretada como un gesto político clave dentro de una estrategia más amplia que articula intereses provinciales, especialmente en territorios con potencial minero.
El respaldo de provincias como Salta resulta central para este tipo de reformas, ya que son las principales beneficiarias —y también las más expuestas— ante los posibles impactos económicos y ambientales de la actividad extractiva.
Un debate abierto: agua, ambiente y minería
La ley original, sancionada en 2010, establecía la protección de glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce, prohibiendo actividades que pudieran afectarlos.
Con la reforma, organizaciones ambientales, científicos y científicas, y sectores de la oposición advierten sobre un retroceso en materia de protección ambiental, en un contexto global atravesado por la crisis hídrica y el cambio climático.
Del otro lado, el oficialismo sostiene que la modificación busca generar condiciones para el crecimiento económico y atraer inversiones, especialmente en el sector minero.
El escenario abre una nueva etapa marcada por la judicialización del tema, la movilización social y el debate público. Los recursos naturales son estratégicos, y cada vez más escasos.
Fuente: Página/12
