En los Tribunales Federales de Rosario se puso en marcha uno de los procesos judiciales ambientales más relevantes de la historia reciente de la Argentina. Siete productores agropecuarios y dos exfuncionarios municipales de Pergamino, provincia de Buenos Aires, comenzaron a ser juzgados por permitir o realizar fumigaciones con agrotóxicos en zonas habitadas y en cercanías de escuelas rurales, con posibles consecuencias graves para la salud y el ambiente.
Se trata de una causa inédita: por primera vez en territorio bonaerense se juzga penalmente de manera conjunta a productores rurales y funcionarios públicos por delitos ambientales vinculados al modelo agroindustrial. El juicio no solo pone bajo la lupa prácticas concretas, sino que podría sentar un precedente clave para otros conflictos socioambientales que se repiten en distintas regiones del país.
Un conflicto que se gestó durante años
Las primeras denuncias surgieron a comienzos de la década de 2010, cuando vecinos y vecinas de barrios periféricos de Pergamino comenzaron a advertir aplicaciones de pesticidas a pocos metros de sus casas, muchas veces en horarios nocturnos o sin aviso previo. A los olores intensos y la deriva de las pulverizaciones se sumaron problemas de salud recurrentes, especialmente en niñas, niños y personas mayores.
Sin respuestas estatales, las comunidades comenzaron a organizarse, registrar las fumigaciones con fotos y videos y exigir controles. Esas denuncias derivaron en análisis de laboratorio que detectaron restos de plaguicidas en pozos de agua de consumo y en suelos urbanos, fortaleciendo la hipótesis de contaminación crónica.
Historias personales que impulsaron la causa
La causa judicial está atravesada por historias que marcaron a la comunidad. Una de ellas es la de Florencia Morales, quien se mudó en 2011 a una quinta de Pergamino buscando un entorno más saludable para criar a sus hijas. En 2016 fue diagnosticada con un cáncer que luego hizo metástasis en la columna. Antes de fallecer, en mayo de 2023, Florencia sostuvo públicamente que continuaría impulsando la causa judicial para frenar lo que describía como un envenenamiento persistente del ambiente.
Otra voz central es la de Paola Díaz, integrante del colectivo Madres de Barrios Fumigados Pergamino. Paola declarará en el juicio y relatará la muerte de su hija Mónica, quien falleció en 2014 a los once años tras padecer leucemia aguda. Para muchas familias, este proceso judicial representa una búsqueda de verdad, justicia y reparación, pero también una forma de evitar que otras personas atraviesen situaciones similares.
La investigación judicial y la elevación a juicio
La causa se formalizó en 2018 a partir de denuncias presentadas ante la Justicia Federal, entre ellas la de Sabrina Ortiz, vecina de una de las zonas más afectadas. A partir de allí se ordenaron peritajes ambientales, estudios epidemiológicos, análisis de agua subterránea y relevamientos técnicos en campos agrícolas lindantes a zonas urbanas.
Tras varios años de investigación, la fiscalía federal resolvió elevar el expediente a juicio oral. En el banquillo se encuentran siete productores agropecuarios, acusados de realizar pulverizaciones en infracción a la normativa vigente, y dos exfuncionarios municipales, señalados por presuntas omisiones en sus tareas de control.
Productores, ingenieros y exfuncionarios bajo la lupa
Según la acusación, los productores realizaron aplicaciones de agrotóxicos sin respetar las distancias mínimas de seguridad respecto de viviendas y escuelas rurales. También se investiga el rol de ingenieros agrónomos en la planificación y autorización de las fumigaciones.
En cuanto a los exfuncionarios municipales Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, quienes estuvieron a cargo del área de Ambiente Rural del municipio, la fiscalía sostiene que no actuaron pese a las reiteradas denuncias vecinales, lo que habría permitido que las prácticas continuaran durante años.
Un proceso con decenas de testigos
El juicio contará con múltiples audiencias y la declaración de alrededor de cien testigos, entre ellos vecinos afectados, médicos, biólogos, bioquímicos, ingenieros agrónomos, químicos y especialistas en toxicología.
La querella está integrada por abogados y abogadas con trayectoria en causas ambientales emblemáticas, lo que refuerza la expectativa sobre el alcance jurídico y político que podría tener el fallo.
El debate de fondo: modelo productivo y salud
Para los representantes legales de las víctimas, el juicio excede los hechos puntuales. Por primera vez, sostienen, se discute penalmente el modelo productivo dominante en amplias zonas rurales del país y sus impactos sanitarios y ambientales.
A más de treinta años de la expansión de la siembra directa, los cultivos transgénicos y el uso intensivo de agrotóxicos, la Justicia se ve obligada a analizar los costos reales de ese esquema, no solo en términos económicos, sino en la vida cotidiana de las comunidades que conviven con las fumigaciones.
Pergamino como símbolo nacional
Más allá del veredicto, el caso ya se convirtió en un emblema para los pueblos fumigados de Argentina. Para los vecinos y vecinas, llegar a esta instancia fue el resultado de años de organización comunitaria, denuncias persistentes y presión social.
El proceso abre una discusión incómoda para el poder político y económico: hasta dónde llegan las responsabilidades del Estado en la protección del derecho a un ambiente sano y qué límites deben imponerse a las prácticas productivas cuando avanzan sobre territorios habitados.
Fuente: La Política Ambiental
