La nueva ley de Salta permite la desforestación de 700 mil hectáreas sin evaluar su impacto ambiental ni el de las comunidades locales. Por Noemí Cruz.
El gobierno salteño dictó una sentencia de muerte a los bosques de la provincia. El gobernador envió el proyecto y los legisladores de ambas cámaras aprobaron, con pocas excepciones y en tiempo récord, una ley que permite destruir setecientas mil hectáreas de bosques, sin definir siquiera su importancia en el ecosistema y para las comunidades que allí habitan.
El proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, enviado a la Legislatura provincial por el gobernador Gustavo Sáenz y aprobado en las últimas horas, concede la impunidad a los desmontadores para avanzar sobre setecientas mil hectáreas de bosques, sin determinar su ubicación. El mapa presenta tres millones de hectáreas en amarillo oscuro, con puntos verdes que indican con un número -cual si fuera una lotería-, el porcentaje de desaparición de bosques que se habilitaría en cada cuenca.
Esta zonificación, que se presentó como “transitoria” o “flexible”, dejó a total arbitrio del Poder Ejecutivo, la decisión de las áreas a proteger o deforestar, dificultando el control por parte de la sociedad. ¿Dependerá el destino de cada zona, de quién primeree el desmonte?
En medio de una crisis climática y de biodiversidad, habilitar el desmonte “legal” de 100.000 ha por año, es irracional. Más aún si tenemos en cuenta que Argentina se comprometió a llegar a Deforestación Cero para el 2030.
La zonificación aprobada vulnera en forma flagrante el principio de no regresión ambiental ya que permite, en algunos casos, el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las Categorías I – rojo y II – amarillo, algo prohibido por la normativa nacional.
Esta actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques, además de ser ilegal, promueve la fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continuas. Ello que pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté, especie por la cual la provincia se encuentra demandada por Greenpeace ante la Suprema Corte de Justicia.
A comienzos de año, un equipo científico interdisciplinario del Conicet, presentó el mapa que señala las áreas prioritarias de la región chaqueña que deben ser conservadas para garantizar la supervivencia del yaguareté, que debía ser tenido en cuenta en los ordenamientos. Esto no ocurrió. Las serranías que hacen de corredor entre la Reserva Nacional Pizarro y el Parque Nacional El Rey, antes conservadas en rojo, por ejemplo, han sido puestas en amarillo, olvidando que hace pocos años, las cámaras trampa que monitorean Pizarro, fotografiaron a un ejemplar de yaguareté.
Mientras tanto, los pueblos indígenas de Salta, que habitan las zonas boscosas, en su gran mayoría no han participado del proceso, ni han sido consultados sobre el Ordenamiento Territorial de Bosques, cuando la Ley Nacional 26,331 establece claramente la importancia de respetar sus territorios.
Muchas comunidades ya se encuentran en crítica situación de emergencia territorial dado el avance de la deforestación sobre sus tierras. Algunas han sido víctimas de recategorizaciones, como el caso de Cuchuy, donde se desmontaron 9000 ha de territorio Wichí, pese a que la ley protegía esos bosques.
¿Qué quedará de los bosques que estas comunidades necesitan más que nadie?
Según el Informe Anual elevado por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) al Honorable Congreso de la Nación, en diciembre 2023, en Salta fueron identificadas 520 comunidades indígenas y 298 son las que cuentan con relevamiento territorial culminado y su correspondiente resolución administrativa. Sin embargo, aún se hallaban pendientes del relevamiento 76 comunidades.
La ley 7121 reconoce a nueve pueblos en la actualidad: kolla, diaguita, wichí, chorote, chané, chulupí, guaraní, toba y tapiete. Pero hay comunidades, como los Weenhayek, que no son reconocidas oficialmente como Pueblo Originario. Desde Greenpeace pudimos constatar en terreno, en diálogo con integrantes y organizaciones de estos pueblos, que no fueron invitados a discutir sobre el destino del monte.
El Ordenamiento Territorial de Bosques que estos legisladores aprobaron para Salta, es una condena para los bosques y sus habitantes. No protege la conservación de los corredores de vinculación de las comunidades, territorios de valor ambiental, memoria histórica, cultural y espiritual. Es un avance inconsulto, que se suma a las actuales posibilidades de desalojos, y deben resultar un llamado urgente a quienes representan los intereses de cada departamento. Más desmontes significa también, la muerte de nuestra diversidad cultural.
La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas.
La Ley de Bosques sirve para asegurar nuestra propia subsistencia y para evitar la impunidad de los destructores de bosques, y no para validar ordenamientos criminales, como el que se aprobó en Salta.
Fuente: Infobae
