La denuncia fue realizada por la abogada Patricia Aguirre en Somos Tierra. «Las fuerzas policiales lo saben», dijo e instó al ministro Cornejo a garantizar que las consignas sean asignadas a los agresores, como se aprobó recientemente en Diputados.

La abogada Patricia Aguirre es integrante del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género de la Nación desde hace dos años y fue quien logró, en febrero de 2020, que la consigna policial sea asignada para custodiar al agresor de su defendida. Tras aprobarse en diputados una modificación a Ley N° 7.888 de Protección contra la Violencia de Género, que establece la obligatoriedad de esta disposición, Aguirre lo celebró y denunció que desde la fuerza se suele enviar “de castigo” a cumplir esta tarea a efectivos denunciados por violencia.

Sobre la medida lograda el año pasado, que “busca poner la consigna policial sobre la persona peligrosa, en este caso el agresor”, explicó que “no tenemos por qué invadir la intimidad de una mujer que tiene que trasladarse a su trabajo con la consigna, tiene que ir a la escuela con la consigna. “Muchas mujeres han perdido su puesto de trabajo porque la patronal no quiere que vaya con un policía”, denunció.

Aguirre recordó que desde hace más de diez años se dedica al área de violencia de género y aseguró: “He sacado a muchísimas mujeres de la provincia que hemos denunciado, justamente, que la consigna policial las quería amedrentar, las quería seducir o las quería abusar. A todo eso lo vengo diciendo en los medios hace muchos años. Hay casos sumamente graves, pero la gravedad, el riesgo y el peligro lo producen el agresor, en donde sí es necesario que tengamos a la víctima protegida, pero al agresor protegido”.

“El agresor es el que amenaza, el agresor es el que está esperando el momento para agredir, para abusar”, continuó la abogada, quien también advirtió que “la consigna policial, a veces, es cómplice del violento”, y amplió: “Lo sé por los dichos de la asistida y lo digo con total compromiso porque las fuerzas policiales lo saben. De castigo, la fuerza policial manda, a quienes tienen denuncias por violencia de género, a cumplir consigna policial con las mujeres que denuncian violencia familiar o violencia de género. Esto lo sabemos de la boca de las víctimas”.

Frente a este panorama, remarcó que “la responsabilidad por la vida y la integridad la tiene el Estado argentino, en este caso estos funcionarios”, y agregó: “Los operadores de justicia del Poder Judicial de Salta empezaron a utilizarla- la consigna al agresor- porque vieron que era una medida de protección. Pero, si ahora están diciendo que no hay personal policial por la cantidad de consignas, yo insto al nuevo Ministro de Seguridad a que el principio general sea que la consigna policial vaya al agresor, porque nosotros tenemos que mantener vigilados a los peligrosos, a quienes están atentando contra la integridad de las mujeres”.

Retomando el caso reciente del efectivo policial que abusó de la mujer a quien debía proteger, subrayó: “Esta no es una cuestión que va saliendo de casualidad, a esto ya lo venimos sabiendo, yo lo vengo diciendo, lo vengo manifestando. Acá el Estado está haciendo vista gorda, no se quiere involucrar. Aplaudo que esta medida, que logré el año pasado, haya sido canalizada por algunas legisladoras y lo hayan presentado como un proyecto de ley, y que hoy forme parte de una de las medidas que pueden implementar”.

En este punto, la abogada aclaró que “lo que no existe en el derecho, se tiene que exigir codificado porque, sino, existen muchísimos magistrados que ponen freno o que no hacen lugar, y es lamentable, es todo un sistema patriarcal”. “Es lo mismo que poner al zorro cuidando al gallinero- aseveró-. No podemos poner el ojo sobre la víctima porque, en este sistema, la víctima es la que tiene que tener psicólogo, la víctima es la que tiene que dar cuenta de sus actos, la víctima tiene que estar vigilada, humillada en su vecindario, en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio”.

En referencia al femicidio ocurrido en Coronel Moldes, consideró que “si hubiesen puesto la consigna policial sobre el femicida, no estaríamos lamentando la muerte de esta chica de 17 años, una niña”. Así las cosas, la abogada, penalista y especialista en derechos de las mujeres, destacó la importancia de que el derecho penal con perspectiva de género, señalando que “nos hace ver la desigualdad estructural que existe”.

Justamente, cuestionó que “ahora van a salir los abogados defensores diciendo no porque estamos violando el principio de inocencia”, y reflexionó al respecto: “¿De qué inocencia podemos hablar si esta ‘inocencia’ del agresor que hostiga, que amenaza de muerte, que la golpeó, que la desfiguró a la mujer, y todavía no está siendo juzgado? Hasta que lleguemos a un proceso, elevemos a juicio la causa, y condenarlo, hasta eso nos mataron trece mujeres en lo que va del año, acá en la provincia”.

Insistió respecto a su confianza en la designación de Abel Cornejo al frente del Ministerio de Seguridad, y agregó: “Tenemos casos en donde hay cinco, diez denuncias de amenazas. El agresor desobedece las medidas cautelares que impone la justicia. Esa desobediencia nos muestra grado de un peligro, un riesgo elevado. En el caso de esta chica de Coronel Moldes, hizo solamente una denuncia ¿Cómo puede ser que con una denuncia no se activen todos los mecanismos? Porque no sabemos cuál es la peligrosidad del agresor. Es una cuestión azarosa, peor no es azarosa para el Estado argentino y el Estado salteño”.

Para la abogada, “hay algo que tenemos que empezar a poner en el tapete”, e hizo énfasis en la falta de un presupuesto acorde que permita garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. “No hay botones antipánico, el personal policial que tiene que estar cumpliendo una consigna no la cumple porque dicen que no tienen personal. Entonces, van a la víctima y le hacen firmar, forzosamente, una planilla dejando constancia de una consigna que nunca han cumplido. Desde el 2014 la provincia de Salta ha declarado la emergencia social en materia de violencia de género. ¿Qué grado de seriedad tiene esa medida si, en vez de disminuir los casos, los femicidios, se van incrementando?”, analizó.

Sobre el final, y si bien destacó la aprobación de la medida en la Legislatura provincial, observó: “Las legisladoras continúan reproduciendo la violencia machista, invisibilizando a quiénes, desde el territorio, y con los casos concretos, vamos logrando medidas. Creo que las legisladoras, para poder hablar a ciencia cierta de luchar contra la violencia de género, tienen que empezar por ellas mismas a ser sororas, a respetar el derecho intelectual de cada una, en este caso mío. Además, es la manera de no seguir reproduciendo esta violencia patriarcal. Es lamentable ver cómo esta diputada Silvia Varg y la senadora reproducen la violencia machista con quienes, día a día, desde el territorio, luchamos por proteger la vida, la integridad y la libertad de todas las mujeres de la sociedad”.

Fuente: Somos Tierra – FM Noticias 88.1 MHz.