La reciente decisión de la Corte Suprema ha generado un intenso debate en torno a la gestión ambiental en el país. Tras 20 años de supervisión judicial del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo (PISA), la Corte argumenta que se están cumpliendo los objetivos del plan, mientras evita imponer indemnizaciones por el daño colectivo causado a los ciudadanos. El fallo pone de manifiesto tanto los avances como las falencias en la lucha por la recuperación de una de las cuencas más contaminadas de América Latina.
En julio de 2004, un grupo de 17 personas, incluidos algunos que representaban a sus hijos, presentó una demanda ante la Corte Suprema. El reclamo se centraba en la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo, un área que ha sufrido durante décadas los efectos de desechos industriales, cloacales y residuos sólidos. La cuenca es emblemática de las dificultades ambientales que enfrenta Argentina, donde la industrialización y la falta de regulaciones efectivas han resultado en una crisis ecológica y social.
En 2006, la Corte delimitó los reclamos en dos categorías: los individuales, que serían enviados a juzgados específicos, y los colectivos, que quedarían bajo su supervisión. Fue en este contexto que se elaboró el PISA, un plan ambicioso con el objetivo de limpiar y recuperar la cuenca, mejorando la calidad de vida de las comunidades afectadas. Además, debían abordarse las condiciones de vida de los habitantes de la zona, que históricamente han enfrentado problemas graves de salud derivados de la contaminación.
El plan fue apoyado por diferentes niveles del gobierno, incluyendo al entonces presidente Néstor Kirchner y otros funcionarios provinciales y municipales.
Un cierre controversial
El reciente fallo ha sido defendido por los jueces como una medida que responde al cumplimiento de los objetivos del plan. En su argumentación, la Corte destacó que la intervención judicial ha sido esencial para lograr reformas estructurales en la gestión ambiental del Estado, alineando la actividad gubernamental con los principios y derechos consagrados en la Constitución Nacional.
No obstante, el tribunal eludió evaluar el “daño moral colectivo” solicitado por los vecinos afectados, argumentando que no se puede concluir con certeza sobre la existencia de daños irreversibles en la cuenca. Esta falta de consideración ha generado críticas de diversos sectores, que ven en esta decisión una falta de compromiso con la justicia ambiental y la protección de los derechos de las comunidades.
Además, la Corte determinó que los reclamos individuales por daños ambientales deben ser redirigidos a los tribunales correspondientes, lo que plantea serios desafíos para los afectados, quienes ahora deberán enfrentar un sistema judicial fragmentado que podría complicar aún más el acceso a la justicia.
Saneamiento: Un Balance ambiguo
A pesar de los informes presentados por Acumar, la autoridad encargada del saneamiento, que detallan acciones como la limpieza de márgenes del río y la supervisión de industrias, los críticos argumentan que los resultados tangibles en la mejora de la calidad del agua y la salud ambiental son aún insuficientes. En 2022, Acumar reportó la limpieza de más de 26.000 metros de márgenes del río y la extracción de un promedio mensual de 286 toneladas de residuos. Sin embargo, muchas comunidades continúan enfrentando problemas graves de contaminación, así como enfermedades asociadas a la exposición a sustancias tóxicas.
La falta de un fondo común para la indemnización de los afectados es otra de las preocupaciones. Los vecinos que han sufrido los efectos de la contaminación se ven desprovistos de un mecanismo claro para reclamar reparaciones por los daños sufridos, lo que plantea interrogantes sobre el derecho a la justicia y la equidad en el acceso a la reparación.
Críticas
Activistas ambientales y expertos en derecho sostienen que el fallo no solo desprotege a las comunidades afectadas, sino que también podría enviar un mensaje negativo sobre el compromiso del Estado con la protección del medio ambiente. Al cerrar la supervisión judicial, se corre el riesgo de que Acumar, sin el escrutinio constante de la Corte, pierda el impulso necesario para llevar a cabo un trabajo efectivo.
Asimismo, aseguran que los problemas de salud en la población, que incluyen enfermedades respiratorias, gastrointestinales y otras condiciones relacionadas con la contaminación, siguen siendo alarmantes. La falta de un seguimiento riguroso de los resultados del PISA podría perpetuar una situación de impunidad para las empresas contaminantes y desincentivar futuros esfuerzos de remediación.
El futuro del Riachuelo, así como el de las comunidades que lo habitan, queda en un limbo. La falta de una supervisión adecuada podría resultar en una merma en los esfuerzos para enfrentar la contaminación, poniendo en riesgo tanto la salud de los habitantes como la integridad ecológica de la región.
Fuente: La Política Ambiental
