Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) apelaron la decisión de la jueza federal Zunilda Niremperger de declararse incompetente. “Ceder ante las presiones del poder económico significa avalar un modelo de saqueo y ecocidio en uno de los ecosistemas más frágiles del país”, advirtieron.
En mayo de 2024, a instancias de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA)-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) se inició una megacausa penal en la que se investiga entramado político empresarial detrás de la destrucción del monte chaqueño. En este marco, denuncian que sectores de poder económico y político buscan garantizar impunidad presionando al Poder Judicial.
La reciente decisión de la jueza federal Zunilda Niremperger de declararse incompetente de la causa penal FRE 3086/2024, aseguran, se alinea con las presiones denunciadas. Cabe recordar que en la misma están imputados funcionarios, ex-funcionarios, empresarios y operadores de desmontes ilegales.
“Esta intempestiva decisión de la magistrada de apartarse de la causa fue tomada sin siquiera petición de parte (de oficio), lo cual sorprende porque el proceso judicial, donde se investigan delitos complejos interconectados, está en pleno proceso probatorio y los hechos y evidencias que allí se generan demuestran la competencia federal que la Jueza intenta negar arbitrariamente”, expusieron desde AAdeAA.
Afirman que la competencia federal en la causa es clara. Esto no sólo por los delitos de carácter federal que se vienen investigando- que incluyen lavado de dinero y trata de personas, entre otros-, sino también porque se investiga a funcionarios nacionales y porque “las consecuencias y efectos negativos ambientales del objeto de la denuncia (desmonte) excede largamente la jurisdicción de la provincia de Chaco ya que afecta a toda la región”.
Desde la parte denunciante, además, subrayan el valor estratégico de la causa judicial y advierten que, “de negarse la competencia federal, la investigación se desperdigaría en numerosos juzgados locales atentando contra la unidad de la pesquisa judicial y a merced de los lobbies locales”. “No se trata solo de desmontes ilegales, sino de una red sistemática que viola la Ley de Bosques, burla las medidas cautelares, recategoriza zonas protegidas para el agronegocio y desplaza comunidades. Los desmontes ocurren a pesar de estar prohibidos, porque quienes los ejecutan cuentan con protección política”, aseveraron.
“Ceder ante las presiones del poder económico significa avalar un modelo de saqueo y ecocidio en uno de los ecosistemas más frágiles del país”, advierten desde AAdeAA, a la espera de que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revoque la decisión. La apelación fue presentada por la Asociación y por la Fiscalía Federal a cargo de Patricio Sabadini. “La investigación penal tiene copiosas pruebas que no pueden ser ignoradas por la justicia”, remarcaron.
Fuente: AAdeAA
