Desmonte en la finca de Juan José Karlen

El caso de Karlen, emblema para pedir la penalización del desmonte ilegal. La asociación ambientalista Greenpeace lanzó una colecta de firmas para presentar una consulta popular ante el Congreso de la Nación.

Diez años pasaron de un desmonte ilegal que la provincia de Salta recién vio solo tras la intervención de la AFIP, que registró trabajo esclavo. Pese a los acuerdos de remediación para que el bosque nativo vuelva a crecer, lo único que se logra verificar es que quien firmó ese acuerdo sigue produciendo año a año sorgo, maíz o poroto.

“Y se sigue enriqueciendo a costa del desmonte ilegal”. Así lo indicó la coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Noemí Cruz, mientras volvía ayer de la intervención que realizaron sobre dos matriculas a nombre de Juan José Karlen.

El desmonte en esas tierras, que se encuentran en el departamento San Martín, fue denunciado desde 2012 por comunidades originarias y criollas. Pese a las consultas de personas damnificadas y de la misma prensa, desde la Secretaría de Ambiente de la provincia se aseguraba que no había ningún desmonte ilegal en la zona.

Solo un operativo realizado en 2013 por la AFIP logró confirmar lo hartamente denunciado por las comunidades: que había un desmonte ilegal. La confirmación fue en el marco de un operativo que además detectó trabajo esclavo y presencia de menores de edad realizando labores en la finca.

Aunque desde Ambiente se dispuso una multa de 16 millones de pesos, el Ministerio Público Fiscal de la Provincia avanzó con la amenaza de una de 171 millones de pesos. Pero eso quedó supeditado a un acuerdo de remediación del bosque que se incumplió, según lo verifican las imágenes tomadas por los ambientalistas este lunes.

Cruz detalló que la finca se encuentra a unos 20 kilómetros al norte de la ruta nacional 81, ingresando por un camino vecinal, por lo cual efectivamente no se la puede ver. Hasta allí fueron unos 30 activistas para verificar la continuidad de la situación de hace diez años, y juntar adhesiones hasta el 10 de octubre próximo para presentar una iniciativa popular al Congreso de la Nación, con el objetivo de que el desmonte ilegal sea incluido como delito penal.

Cruz dijo que, entre las sanciones administrativas, las multas son tomadas “como un gasto más” de los grandes productores rurales que desmontan en superficies donde no se puede según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de cada provincia.

“Este bosque estaba en amarillo y por lo tanto protegido. Alrededor hay bosque nativo en buen estado. Si al menos estuviera con una clausura seguro que el monte por sí mismo volvería”, dijo la representante de Greenpace. Explicó que hay experiencias en las que se pudo corroborar que en 10 años “el bosque vuelve a una altura mediana”, sobre todo si está rodeado de vegetación como sucede en este caso. “No entendemos la desidia de no tener ningún tipo de intervención para restituir el bosque” como se había dispuesto en el acuerdo facilitado por el MPF en su momento, cuestionó.

En 2024 caduca su inscripción como infractor

La última resolución que se conoce es de la jueza en lo Civil de Personas y Familia 1 de Tartagal, Claudia Yance, quien en 2022 había establecido multas diarias a Karlen por los incumplimientos que había denunciado la fiscalía.

Cruz entendió que los controles de la ejecución del acuerdo deberían correr por parte de la fiscalía. Pero desde el MPF se respondió que “es una ejecución de sentencia voluntaria, por lo tanto, el control y ejecución recaen sobre los jueces”, y apuntaron a Yance y a la Cámara de Apelaciones Sala 2.

Según el Registro de Infractores publicado por la Secretaría de Ambiente de la provincia, tanto Juan José como Daniel Darío Karlen se encuentran inscriptos por el desmonte ilegal de 16 mil hectáreas. Del Registro surge que la fecha de inscripción fue en 2014 y que estarán en esa condición hasta 2024, “fecha de caducidad”.

Votá por los bosques

De la protesta en la finca de los Karlen participaron 33 activistas de varias provincias, quienes desplegaron dentro de la finca un cartel con un signo de pregunta gigante y la frase “¿Y el bosque?”, y otros dos carteles en forma de cinta métrica para delimitar la superficie de una hectárea (100 metros x 100 metros), como una pequeña muestra de las 11.875 que allí se deforestaron ilegalmente.

“Los bosques son fundamentales para la regulación climática e hídrica, y contienen la mayor cantidad de especies del planeta. Nos brindan recursos claves como alimentos, medicinas y maderas, y son el sustento y territorio de comunidades indígenas y campesinas. Es evidente que las multas no son suficientes para desalentar la deforestación ilegal y los empresarios suelen incluirlas como un costo más de producción. Invitamos a la gente a votar si considera que se debe penalizar su destrucción”, señaló Cruz.

En www.votaporlosbosques.org se puede participar de la Consulta Popular que lanzó Greenpeace. Los resultados serán entregados al Congreso de la Nación.

Fuente: Salta/12