Lo adelantó Noemí Cruz, referente de la organización Greenpeace. Niega que el gobierno haya dado participación en el proceso a comunidades indígenas y aseguró que la categoría marrón que el gobierno crea es ilegal en el marco de la Ley de Bosques.
El gobierno de la provincia adelantó que en los próximos días remitirá al parlamento salteño el proyecto de actualización de la Ley de Ordenamiento Territorial que establece qué áreas pueden desmontarse, cuáles tener algún tipo de aprovechamiento forestal y cuáles deben conservarse de los desmontes. En medio de ese proceso, el gobierno nacional avaló el proceso. Ello generó fuertes críticas de organizaciones ambientalistas que cuestionan el procedimiento utilizado por Salta y advierten sobre el negacionismo de la gestión libertaria de los problemas ambientales.
Noemí Cruz, referente de Greenpeace, tampoco ahorró críticas al proyecto del oficialismo provincial. “El procedimiento establecido por la Ley de Bosques – en este caso para la actualización del Ordenamiento Territorial – debería ser participativo con toda la sociedad. Recién cuando se conciba el proyecto en sí, consensuado y respetando los criterios de la ley, debería pasar a la legislatura. Luego de aprobado remitirse a la autoridad de aplicación que es Nación”, destacó.
Según el gobierno de la provincia, el proceso fue participativo e incluyó a un Consejo Asesor que integró a diversas instituciones en la elaboración. “Hay algunas organizaciones que integraban ese Consejo que no han participado o desconocían las últimas instancias cuando se definió el mapa que ahora apareció con una nueva categoría: la marrón. A su vez, comunidades indígenas y algunas campesinas que habitan en las zonas boscosas de Salta tampoco han sido participadas y desconocen por completo cómo ha surgido este mapa”, aseguró Cruz.
La obligatoriedad del mapa se estableció con la sanción de la Ley de Bosques en el año 2007 y el mismo emplea distintos colores para indicar los suelos que en la provincia deben conservarse tal como están (rojo), los que pueden tener algún tipo de aprovechamiento (amarillo) y aquellos que pueden ser desmontados (verde). El problema es que el gobierno salteño a veces difunde mapas con esos colores y otras veces le suman uno nuevo: el marrón, que para las organizaciones ambientalistas servirá para flexibilizar la norma y permitir más desmontes.
La referente de Greenpeace manifestó: “En el caso que la provincia de Salta avance con un ordenamiento irregular incumpliendo con lo establecido por la Ley de Bosques, nosotros vamos a estar denunciando a la Corte Suprema de Justicia por este incumplimiento. A su vez, ya hemos estado informando del proceder de la provincia respecto a la propuesta de ordenamiento. Todavía estamos a la expectativa de saber qué es lo que van a hacer”, finalizó.
Fuente: Cuarto
