El 28 de septiembre, día de la Acción Global por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, nos muestra una fotografía de la situación de la región. Por Natalia Fernández.
El 28 de septiembre es el día de Acción Global por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Las condiciones de precariedad, generadas por la clandestinidad, en la que se llevan adelante las interrupciones voluntarias del embarazo en la región son una de las principales causas de muerte de mujeres y personas que se encuentran gestando. Además, la tasa de embarazos no planeados es mayor en aquellos países la práctica del aborto está criminalizada.
Los embarazos no planeados y la interrupción de los mismos ocurren en todo el mundo, independientemente de las políticas que lleven adelante los Estados. Un informe de Guttmacher Institute expone que entre el 2015 y el 2019 se produjeron 121 millones de embarazos no planeados en el mundo, por año, de los cuales el 61% terminó en aborto, es decir 73 millones por año.
Asimismo, el informe da cuentas que en aquellos países en los que la interrupción voluntaria del embarazo se encuentra criminalizada se producen mayores embarazos no planeados y su práctica se multiplica en la clandestinidad.
En el caso de América Latina, son seis los países que establecen un plazo legal para poder interrumpir un embarazo de forma voluntaria: Cuba, Puerto Rico, Uruguay, Guyana, Guayana Francesa y Argentina. En el caso de México es posible realizarlo de manera legal hasta la semana 12 de gestación en el Distrito Federal, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, mientras que en las otras 28 jurisdicciones aún no hay una ley que lo habilite.
Por otro lado, en El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití la práctica se encuentra totalmente prohibida. En el resto de la región se encuentra regulada por causales, principalmente cuando pone en riesgo la vida o salud de la mujer o persona que se encuentra gestando.
La discusión sobre la despenalización y legalización del aborto se fortalece en toda la región. En 2017, por ejemplo, en Chile se logró incorporar tres causales para la realización de la práctica, sacando al país de la lista de Estados que la criminalizan totalmente. En 2020 Argentina sancionó la ley 27.610 que habilita la práctica hasta la semana 14. El 7 de septiembre de este año, la Corte de Justicia de México determinó que el estado de Coahuila debe modificar su legislación ya que considera inconstitucional la criminalización del aborto de manera absoluta, lo que sienta un precedente importante en el país azteca en relación a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ya que el criterio de la Corte puede extenderse a todos los estados del país.
Legalización IVE en Argentina
En Argentina aún no hay datos estadísticos sobre la cantidad de interrupciones de embarazos que se realizaron en las instituciones de salud. Antes las estimaciones se realizaban en función de los egresos hospitalarios en el sector público, lo que en realidad presentaba una muestra muy acotada, pero contundente, ya que se registraban entre 50 mil y 80 mil hospitalizaciones por año producto de complicaciones relacionadas a la interrupción voluntaria del embarazo.
A seis meses de sancionada la ley se registraron más de 1150 efectores de salud en todo el país que garantizan el acceso a la IVE. Además, no se registró ninguna muerte producto de la práctica.
La red de socorristas presentó el 18 de septiembre la sistematización de acompañamientos que realizaron durante el primer semestre del 2021. Allí expusieron que 6517 personas se pusieron en contacto con la red para solicitar acompañamiento para abortar, de las cuáles 6473 fueron mujeres, 12 no se identifican con ningún género, 3 son lesbianas, 10 no binaries, 4 fueron varones trans, 10 se identificaron con otro género y sobre 5 no tienen datos.
De las personas que buscaron información, el 56,6% reconoció creer en Dios o en alguna religión. El 61,2% tenía hijes en el momento en que se comunicó con la red y el 70,1% expuso haber sufrido alguna situación de violencia machista.
Asimismo, Socorristas en Red informó que el 86,2% de las personas que se comunicaron decidieron ser acompañadas en sus interrupciones de embarazo por elles, de las cuales sólo el 22% decidió solicitar una IVE en el sistema de salud, mientras que el 64,2% decidió hacerlo de manera autogestionada. Sólo el 3% de las personas decidió continuar con el embarazo.
Respecto de quienes decidieron interrumpir el embarazo en los servicios de salud, desde Socorristas en Red, informaron que el 86% de las prácticas se llevó a cabo con misoprostol, el 10,5% con aspiración manual endouterina (AMEU) y el 3,5% mediante un legrado, práctica que se encuentra desaconsejada. El 91,2% dijo haber recibido un buen o muy buen trato de parte del personal de salud y el 86,5% consideró que recibió la información que necesitaba para el acceso al aborto.
Salta
La provincia es una de aquellas de la que salió uno de los recursos judiciales que tienen como objetivo frenar la implementación de la ley. Además, se presentó un amparo para impedir que una mujer pudiera acceder a una IVE. Los grupos que se oponen a los derechos de las mujeres y las personas que se encuentran gestando tienen mucha incidencia en la provincia.
En diciembre del 2020, el gerente del Hospital Materno Infantil informó por Aries que el 95% de los médicos es objetor de conciencia. En este sentido, no es un dato menor las acciones judiciales que se realizaron contra la médica Miranda Ruiz, única profesional que garantiza la práctica en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.
Además, para poder acceder a la práctica es necesario comunicarse con la línea nacional de salud sexual, 0800 2222 3444, desde donde se gestionan los turnos en las instituciones que cuentan con personal que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
La marea verde avanza por toda la región y Argentina no es una excepción. La militancia feminista avanza a pasos agigantados a pesar de las resistencias que en muchas oportunidades se traduccen en acciones judiciales contra personas que solicitan una IVE, que la garantizan, o contra el estado nacional o las provincias.
Fuente: El Tintero de Salta
