Una veintena de países de Latinoamérica y el Caribe debaten desde este miércoles en Buenos Aires cómo implementar y dar pleno cumplimiento al Acuerdo de Escazú, pacto regional pionero en el mundo en la protección de los defensores del medioambiente.

«Tenemos que preservar a los activistas ambientales. Están cuidando nuestras vidas. La violencia que ellos padecen es la violencia de los poderosos», afirmó el presidente argentino, Alberto Fernández, al inaugurar la segunda reunión de la Conferencia de las Partes (COP 2) del Acuerdo de Escazú.

Este acuerdo, adoptado en marzo de 2018 en Escazú (Costa Rica), tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en los Estados parte de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

También prevé la creación de instrumentos que permitan la protección y seguridad de los defensores ambientales.

El pacto entró en vigor el 22 de abril de 2021 -ocasión en la que se celebró la primera COP en Santiago de Chile-, ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe y cuenta con 15 Estados parte, de los cuales Belice, Chile y Granada son los más recientemente incorporados a este grupo.

«Nuestra región aún se mantiene como la más peligrosa para quienes defienden el ambiente. Estamos convencidos de que es imposible preservar el ambiente si no protegemos a esas personas», advirtió Raúl García Buchaca, secretario ejecutivo adjunto para Administración y Análisis de Programas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo que ejerce la Secretaría del Acuerdo de Escazú.

En acción

García Buchaca destacó que este pacto no solo es «pionero» en la región sino que es, además, «el primer tratado en el mundo en contener disposiciones específicas para la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales».

Destacó el trabajo iniciado por Argentina, Chile, Ecuador, México, Santa Lucía y Uruguay para implementar el acuerdo, una señal de «profundo compromiso para la acción» que espera que anime a otros Estados parte a comenzar a transitar la misma ruta.

Entre los ministros de Ambiente que participaron del acto inaugural estuvo Marina Silva, de Brasil, quien sostuvo que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ya ha encaminado al Parlamento el proyecto de ratificación del Acuerdo de Escazú y confió en que en la próxima COP su país no participe como un mero «observador pasivo», sino ya como un «implementador activo» del acuerdo.

«Gracias a Dios que volvió Lula y que hay un Gobierno en Brasil que advierta que el cambio climático no es una cuestión mentirosa sino una tremenda crisis que vive la humanidad», sostuvo Alberto Fernández.

Comité de apoyo

La cita en Buenos Aires, que concluirá el próximo viernes, reúne a autoridades y representantes de 21 países de la región, integrantes de la Cepal y de la CAF Banco de Desarrollo de América Latina, y miembros de organizaciones de la sociedad civil.

Los representantes de los quince países que forman parte del acuerdo tendrán como objetivo principal elegir a los primeros siete integrantes del comité de apoyo a la aplicación y el cumplimiento del tratado.

La mesa directiva del acuerdo -integrada por Uruguay en la presidencia y México, Santa Lucía, Argentina y Antigua y Barbuda en las vicepresidencias- elaboró una lista de diez expertos independientes candidatos a dicho comité -tres representantes de Centroamérica y México, tres del Caribe anglófono y cuatro de Suramérica-.

La COP2 también incluirá varias sesiones especiales dedicadas al seguimiento de las decisiones sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y sobre arreglos financieros, entre otras temáticas.

En paralelo, se celebran eventos promovidos por organizaciones de la sociedad civil, con énfasis en la participación de los jóvenes, las mujeres y las comunidades indígenas en asuntos ambientales.

Fuente: EFE