Carteles con reclamo de vecinos de San Carlos

En el corazón de los Valles Calchaquíes, la población de San Carlos expresa su rechazo al avance del modelo extractivo, exige que se cumpla el derecho humano al agua y se resiste a convertirse en una nueva “zona de sacrificio”. En pleno siglo XXI, tienen que recurrir a un camión aguatero mientras los gobiernos le niegan las obras para proveerse del recurso esencial para la vida.

El pueblo de San Carlos está ubicado al sur de la provincia de Salta, sobre la Ruta Nacional 40, a 22 kilómetros de la localidad de Cafayate y a 200 kilómetros la capital provincial. Allí viven 3.300 habitantes que tienen como principales actividades económicas el agro, el turismo y la artesanía textil y en cerámica. Pero, en pleno siglo XXI utilizan camiones aguateros —por el agua contaminada con boro y arsénico— y cuestiona la instalación de un megaparque solar que —tras un discurso verde— tendrá consecuencias negativas.

Agua contaminada y obras frenadas

A pesar de haber sido declarado “lugar mágico” en 2018, San Carlos no cuenta con agua potable. Desde la década del noventa el agua que abastece a los hogares del pueblo, en vez de provenir de las vertientes de los cerros precordilleranos como solía hacerlo, proviene de pozos automatizados que extraen agua de la cuenca del Río Calchaquí. Es por ello que desde hace más de dos décadas la población de San Carlos consume agua con altos niveles de boro y arsénico.

Alertados por las consecuencias que tiene para la salud y para la reproducción de la vida, desde hace más de diez años vecinos y vecinas del pueblo se organizan en torno a la Asamblea por el Agua Sana de San Carlos, San Lucas y El Barrial, reclamando a los gobiernos la implementación de acciones que den solución a esta problemática y que permitan abastecer al pueblo con agua sana de los cerros precordilleranos (que se encuentran a diez kilómetros de la localidad).

Según informan sus integrantes, durante estos años han sido muchas las gestiones y las promesas realizadas por los diferentes gobiernos de turno, tanto a nivel local como provincial. Mónica Giménez, vecina e integrante de la asamblea señaló: “Por alguna razón que desconocemos no quieren realizar las obras que se necesitan. Al comienzo negaban el problema, decían que el agua era buena, pero desde hace varios años hasta la empresa proveedora, Aguas del Norte, lo reconoció (que está contaminada) y ya no cobra el servicio”.

En los últimos años ha habido resoluciones, intimaciones a la empresa por parte del Ente Regulador de Servicios Públicos (Enresp), diversos proyectos de inversión, pero ninguno dio resolución al problema. Entre esas inversiones puede mencionarse la instalación en 2019 de una planta de ósmosis inversa para purificar el agua de uno de los pozos.

Desde la Asamblea, desde un primer momento, declararon ante las autoridades provinciales y locales su desacuerdo con la iniciativa señalando que no resolvería el problema y que, por el contrario, implicaría un mayor gasto de energía y un costo para el municipio. De cualquier modo, a pesar de haberse destinado más de cuatro millones de pesos, la planta nunca fue puesta en funcionamiento.

Mientras tanto, desde 2020, vecinos y vecinas de San Carlos buscan agua con sus bidones a un camión aguatero que se encuentra estacionado en la plaza principal, gracias a la iniciativa de una familia del pueblo que aporta el camión y el trabajo de buscar varias veces a la semana agua sana en la vecina localidad de Animaná.

Desde la Asamblea por el Agua Sana se convocó a técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para la realización de estudios en la zona. Se confirmaron las elevadas cantidades de arsénico y boro en los pozos existentes en la zona de San Carlos y se elaboró una propuesta de obra para el abastecimiento de agua sana a partir de la realización de un pozo sobre el río San Antonio (en la vecina localidad de Animaná) y un acueducto de diez kilómetros hasta El Barrial y San Carlos.

La propuesta fue aprobada por el gobierno provincial en 2021, pero aún no se concretó. “Lo que el INTI propuso es un proyecto de captación de agua, y con respecto a eso no sabemos qué pasa, pero la provincia y el municipio están negados con el tema del agua y no quieren solucionarlo porque evidentemente la solución no es cara y es bastante accesible”, sostuvo la asambleísta Mónica Giménez. Sospechan que las obras tocan intereses de empresarios bodegueros, como es el caso de la familia Murga, que hacen lo posible por impedir que el proyecto avance.

Un parque solar cuestionado en San Carlos

En noviembre de 2022, el pueblo de San Carlos se anotició de que a tan solo 1500 metros de la plaza del pueblo la empresa Central Puerto quería instalar un parque solar. Con el proyecto se ocuparían 35 hectáreas para la instalación de 33.000 paneles solares para la generación de quince mega-watt (MW) en el marco de lo que se denomina Mercado a Término de las Energías Renovables (Mater) que provee de energía a “grandes usuarios” (que tienen demandas de potencia iguales o mayores a 300 kilo-watt (KW).

Luego de evaluar la situación, buscando información y asesorándose por sus propios medios, vecinos y vecinas de San Carlos presentaron una nota con más de 300 firmas donde alertaban al intendente, Héctor Raúl “Rulo” Vargas; a la senadora provincial por el departamento, Sonia Magno; al concejo deliberante local y a la Secretaría de Minería y Energía de la provincia. Remarcaron que el parque solar que se quiere instalar “se trata de un negocio para pocos que no beneficia en absolutamente nada a nuestro pueblo, por el contrario, tiene impactos negativos con importantes perjuicios para nuestra comunidad”.

Frente a las expectativas que pudiera generar este tipo de inversiones, la misma empresa afirmó en una reunión informativa en noviembre de 2022 que la instalación del parque solar no generaría una cantidad significativa de fuentes de trabajo.

Solo los primeros meses se contrataría a algunas personas para el desmonte y la preparación del terreno, y luego el parque operaría con dos o tres puestos de trabajo calificados, externos al pueblo. Esto ya ha sucedido con el parque solar instalado en Cafayate en 2019, donde no solo actualmente son pocos los operarios activos, sino que a quienes han contratado para la instalación de los paneles les han quedado debiendo sus jornales.

¿Energía verde para las mineras?

Otra vecina de la Asamblea por el Agua Sana, Luciana García Guerreiro, advirtió que “vienen con el discurso de las energías ‘limpias’ y de la transición energética, pero sabemos que es para expandir el modelo extractivista minero en la zona”. Afirmó que la energía que se generaría en el parque solar no será para abastecer al pueblo de San Carlos, sino para proveer a grandes usuarios, a empresas mineras que precisan cumplir con los compromisos de un porcentaje de su consumo energético de fuentes renovables.

“No nos oponemos a la energía renovable, por el contrario, las promovemos en nuestros consumos familiares o comunitarios, sino al cómo, dónde y para qué se producen estos proyectos”, explicó.

El Concejo Deliberante de San Carlos, al igual que su par de la localidad de Cachi, el 13 de junio pasado emitió la ordenanza 07/23 que declara a San Carlos como “Municipio No Tóxico y Ambientalmente Sustentable”, prohibiendo toda actividad minera contaminante en su territorio.

Desde la Asamblea resaltan que el vínculo entre parque solar y minería resulta ineludible, teniendo en cuenta que las mineras —en tanto grandes usuarios de energía y según Ley 27.191—, deben cumplir antes de finalizado el 2023 con un mínimo de 18 por ciento de sus consumos energéticos provenientes de fuentes renovables. De allí que en las cercanías de los emprendimientos mineros se encuentren parques solares, como es el caso de Cauchari.

En ese marco, desde la Asamblea por el agua sana advierten que proyectos como el Parque Solar San Carlos resultan fundamentales para expandir el modelo extractivista minero. “De avanzar con estos proyectos, el Valle Calchaquí se terminará convirtiendo en un gran espejo de paneles solares, con el daño ambiental y social que eso podría conllevar”, señaló García Guerreiro.

Impactos negativos y complicidades

Entre los impactos negativos señalados en la nota los vecinos y las vecinas sostienen que:

-Tienen que hacer movimientos de suelo para la nivelación del terreno, lo cual provocaría desvío de cursos de agua y posibles inundaciones en San Carlos y Barrial.

-Necesita usar agua para limpieza y enfriamiento de paneles, en un pueblo con serias deficiencias en la disponibilidad de agua.

-Afecta a la producción local (ganadería, agricultura y artesanía).

-La energía producida sería para vender sólo a grandes usuarios, como empresas megamineras (no es para el pueblo).

-Prácticamente no genera puestos de trabajo (tres empleados calificados en su fase operativa).

-Genera impactos por la exposición a campos electromagnéticos.

Por otro lado, observan que el tamaño del parque solar equivaldría a prácticamente el tamaño de la zona urbanizada del pueblo y que las transformaciones en el paisaje y el movimiento de suelo que deben realizarse para la instalación de los paneles podrían ocasionar importantes inundaciones en la zona del paraje El Barrial. Algo que, según mencionan los barrialistos, ya sucedió en diciembre de 2018 cuando un empresario modificó el cauce de los ríos allí mismo donde desea instalarse el parque solar de Central Puerto.

“Ya hemos tenido este problema cuando se crearon defensas sobre el río Seco, en el camino a San Lucas, lo que nos ha perjudicado en más de dos oportunidades, porque ha inundado fincas, ha roto acequias, cercos, y lo más grave y que ha afectado a varias familias de El Barrial es que el agua se ha metido adentro de las casas”, afirmó Ramón Atilio “Chito” Rodríguez, vecino integrante de la asamblea.

El lugar donde se proyecta realizar este emprendimiento se encuentra a pocos metros del centro del pueblo y es parte de territorio comunitario indígena de la Comunidad Diaguita Calchaquí Condorhuasi, relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en el marco de la Ley 26.160.

El 16 de junio pasado, la empresa junto con el gobierno provincial convocó a una audiencia pública para presentar el informe de impacto ambiental y social a la población de San Carlos. Sin embargo, la audiencia debió ser suspendida por irregularidades en su realización. Héctor Raúl Vargas, el intendente del pueblo, por su parte, no dio respuesta a las reiteradas solicitudes y presentaciones realizadas por la población, e incluso, según consta en el expediente del proyecto del Parque Solar San Carlos (Expediente 0090302-226115/2022-0 de la Secretaría de Minería y Energía de la provincia de Salta), el ejecutivo municipal no habría dicho la verdad en noviembre de 2022 cuando dijo públicamente que no sabía del proyecto, mientras —según consta en el expediente— ya había dado su aval para la instalación de la empresa.

Energías renovables y cultura ancestral

El último mes, vecinos y vecinas de la localidad presentaron un proyecto de ordenanza al concejo deliberante local en el cual proponen el fomento de la utilización de energías renovables a nivel familiar y comunitario, y la regulación de la instalación de grandes parques solares, limitando su dimensión y estableciendo una distancia mínima de los mismos respecto del pueblo. Dicha propuesta actualmente se encuentra en evaluación.

Julieta Yañez, vecina e integrante de la asamblea concluyó: “Aquí hay un pueblo con una cultura ancestral, que basa su economía en la belleza de su naturaleza, en sus saberes artesanales y su producción agropecuaria. Este proyecto de parque solar no viene a fortalecer eso, sino a desequilibrarlo”.

Fuente: Agencia Tierra Viva