La decisión fue comunicada por el Banco Mundial a las comunidades indígenas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Los gobiernos de Gustavo Sáenz y Carlos Sadir habían solicitado la intervención técnica de la entidad, sin respetar el derecho a una consulta previa, libre e informada de las comunidades.
El lunes último, el Banco Mundial comunicó a las comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc la suspensión de los estudios que las provincias de Salta y Jujuy buscaban realizar en sus territorios, sin consulta ni consentimiento previo.
La decisión se enmarca en la reciente creación, por parte de los gobiernos de las provincias de Salta y Jujuy, de la Comisión Interjurisdiccional para la Gestión Integral Ambiental de la Cuenca de Salinas Grandes. Su objetivo es realizar estudios hidrogeológicos y determinar la línea de base ambiental de dicha cuenca hídrica para la exploración y explotación del litio.
Desde las provincias no consultaron ni invitaron a las comunidades que habitan en el territorio de la cuenca a participar. Además, intentaron usar la conformación de esta Comisión para dar por cumplido, en parte, un reclamo realizado por las comunidades de Salinas Grandes y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que se encuentra en trámite desde 2019 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los gobiernos de Gustavo Sáenz y Carlos Sadir recurrieron al Banco Mundial para solicitar su intervención técnica. Dicha entidad, tras recibir una carta de parte de las comunidades, a través de la cual manifestaban sus preocupaciones y alertaban sobre la situación de conflicto y los numerosos reclamos aún pendientes de respuesta, decidió suspender los estudios hasta que se respeten los estándares internacionales de derechos indígenas. En especial, el derecho a una consulta previa, libre e informada.
De esta manera, la entidad realiza un avance crucial frente a la sistemática vulneración de los derechos de las comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc por parte del Estado y de las empresas. Entre estas se encuentran Dajin, Tecpetrol, Pluspetrol y Pan American Energy, que buscan la aprobación de las operaciones en total contradicción con la normativa internacional sobre derechos humanos.
De hecho, estas empresas se alían a los estados provinciales para lograr la aprobación de proyectos con el aval de una sola comunidad, dividiendo a comunidades que comparten un territorio y una cultura y contradiciendo el derecho internacional. Con esta estrategia de división, ignoran además la integralidad y visión biocéntrica de la cuenca hídrica, reconocida por la Corte Suprema en el caso.
El Banco Mundial ratifica lo que FARN y las comunidades indígenas vienen alertando: la producción de información necesaria para tomar decisiones sobre el uso de un territorio debe hacerse garantizando la participación y consulta.
La información, además, debe formar parte de una discusión más amplia sobre las prioridades del desarrollo de las comunidades que allí habitan, y no estar únicamente dirigida a sostener y promover una actividad económica. Por el contrario, procesos dirigidos a conocer integralmente (ambiental y culturalmente) un territorio deberían estar centrados en discutir ampliamente opciones diversas, en cuyo marco la preservación de la vida, cultura e identidad de las comunidades sea la condición esencial, y la explotación de litio una opción más entre muchas otras.
Dada la importancia de la decisión del Banco Mundial, instan a que las empresas mineras y los estados provinciales con interés en explotar el litio del territorio de Salinas Grandes tomen una posición similar, y apuesten por el cumplimiento de los derechos de las comunidades.
Fuente: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
