Por Decreto, el Gobierno nacional que lleva adelante Javier Milei derogó la normativa que suspendía desalojos a las comunidades porque “frenó inversiones” y limitó el “uso productivo” del suelo.
El gobierno de Javier Milei avanzó este martes en una medida que genera polémica y alarma en las comunidades indígenas del país. Mediante el Decreto 1083/2024, publicado en el Boletín Oficial, derogó el Decreto 805/2021 que sostenía la emergencia territorial en materia de tierras ocupadas por pueblos originarios. Esta decisión pone fin a casi dos décadas de protección frente a desalojos y plantea serios desafíos para comunidades indígenas y propietarios privados.
El decreto sostiene que la emergencia territorial “frenó inversiones, limitó el uso productivo de las tierras y propició inscripciones irregulares de comunidades”. Actualmente, el gobierno reconoce 1.626 comunidades indígenas, aunque cuestiona que muchas de ellas no cumplirían con los requisitos legales para ser consideradas como tales.
Además, el Decreto dice buscar “recuperar la confianza de los ciudadanos en que su propiedad será respetada”, garantizando que los propietarios afectados por ocupaciones puedan retomar acciones legales para recuperar sus tierras.
La derogación también apunta a “desbloquear proyectos de inversión y desarrollo productivo, paralizados por los conflictos territoriales”. Sin embargo, especialistas advierten que esta medida podría derivar en nuevos problemas ambientales, al habilitar intervenciones en territorios previamente protegidos.
En Salta, más de 300 comunidades indígenas conviven en el norte y en el oeste provincial. Con este Decreto, están en condiciones de ser desalojadas de territorios ancestrales.
Fuente: Opinorte
[…] El proyecto de Presupuesto 2025 que no se trató en el Congreso contemplaba una suma de $603 millones para los relevamientos territoriales de comunidades indígenas previstos en la ley 26.160. Sin embargo, a través del decreto 1083/2024 –firmado por el Presidente y todos sus ministros esta semana– el Gobierno derogó el decreto 805 de 2021, que prorrogaba la vigencia de esa ley. […]