En un hecho histórico para la provincia, la Legislatura de Salta aprobó la llamada “Ley Octorina”. La normativa está orientada a prevenir los crímenes sexuales contra niñas, adolescentes y mujeres indígenas. Reconoce a estas violencias como parte de una estructura de odio racial y de género.
La Ley Octorina, sancionada el 16 de abril, surge de años de lucha y organización de comunidades originarias, especialmente del pueblo wichí. Lleva el nombre de Octorina Zamora, referenta indígena fallecida en 2022 que dedicó su vida a denunciar estas violencias sistemáticas.
Nombrar el odio: una deuda histórica
Uno de los ejes centrales de la ley es visibilizar las agresiones sexuales como crímenes de odio. Esta categoría permite comprender que estos hechos no son aislados, sino que responden a relaciones históricas de desigualdad, racismo y colonialismo.
Durante años, estas violencias fueron naturalizadas bajo prácticas como el llamado “chineo”. Se trata de una forma de abuso sexual ejercida contra niñas y adolescentes indígenas. La ley propone dejar atrás esa denominación y avanzar hacia una tipificación que reconozca la gravedad estructural del problema.
Territorio, cuerpo y violencia
La normativa no solo aborda la violencia sexual en sí, sino que la vincula con el despojo territorial y las condiciones de vida en comunidades indígenas del norte provincial. En este sentido, el cuerpo de las mujeres aparece como territorio de disputa, en un entramado donde confluyen pobreza, racismo y falta de acceso a derechos básicos.
Referentas indígenas vienen señalando desde hace décadas que estos crímenes ocurren en contextos de extrema vulnerabilidad. Suceden especialmente en zonas rurales y aisladas, donde el acceso a la justicia, la salud y la educación es limitado.
Prevención, educación y políticas públicas
La “Ley Octorina” establece una serie de herramientas orientadas a la prevención. Entre ellas acciones de sensibilización y educación en distintos niveles, formación específica para agentes estatales, políticas públicas con enfoque intercultural, y estrategias de visibilización de estas violencias.
El objetivo es construir un abordaje integral que no se limite a la sanción penal, sino que apunte a transformar las condiciones que permiten la reproducción de estas prácticas.
La aprobación de la ley es el resultado de un proceso colectivo impulsado por organizaciones indígenas, feministas y de derechos humanos, que lograron instalar el tema en la agenda pública y legislativa.
El proyecto fue acompañado por distintos sectores políticos y aprobado por unanimidad, lo que refleja el consenso alcanzado en torno a la urgencia de abordar esta problemática.
Si bien la sanción representa un avance significativo, las organizaciones advierten que el desafío principal será su implementación efectiva. En territorios donde persisten condiciones de desigualdad estructural, garantizar el acceso real a derechos sigue siendo una tarea pendiente.
Fuente: Página/12
