Un centenar y medio de organizaciones enviaron un documento a la Cámara de Diputados para respaldar la legislación vigente. Advierten sobre los negocios entre privados que se abrirían si dejan de existir las leyes que protegen bosques, glaciares y suelos, entre otras.
Organizaciones ambientalistas se plantaron en la escena donde crecen los reclamos al proyecto Ley Ómnibus y el mega DNU de Javier Milei. Lo expresó en el Plenario de Comisiones el abogado ambientalista Enrique Viale y lo confirmaron 150 organizaciones esta semana en una carta dirigida a los Diputados nacionales en defensa de la legislación ambiental vigente, modelo en el mundo en protección de bosques o glaciares. Exigen eliminar el “capítulo ambiental” por “lo preocupante y peligroso” de las propuestas que “no tienen relación con las necesidades y urgencias de la situación económica que atraviesa la Argentina, por lo que no hay justificación alguna para incorporarlas en el paquete de reformas”.
De aprobarse esta reforma, la Ley de bosques, la de glaciares y la de quema pueden transformarse en leyes de “desprotección” advierte Consuelo Bilbao del Círculo de Políticas Ambientales. Aun cuando el dictamen eliminó el desmonte en zonas protegidas, como pretendía el texto original, se endureció respecto a glaciares dándole entrada a la extracción minera en sus alrededores. Toda una bienvenida a las corporaciones de la megaminería.
El dictamen extiende, además, el plazo para habilitar la quema de pastizales ante la “ausencia de respuesta de las autoridades”. Propone un tratado que modifica las normas de propiedad intelectual de las semillas afectando especialmente a las criollas, y otra norma sobre transición energética que solo involucra al mercado de carbono (“otro sinsentido”, apuntan los expertos). Junto a los artículos destinados a desfinanciar la protección ambiental, el capítulo queda en alerta roja y “se perjudica gravemente al pueblo argentino”, sentencia Viale.
Detrás de los cambios asoman “interesados con nombre y apellido y empresas como la Barrick Gold detrás de la ley de glaciares”, detalla el abogado al ampliar su intervención en el Congreso, como referente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas la semana pasada. Viale señaló allí al empresario hotelero Eduardo Elsztain, a Mauricio Macri y al ministro Luis Caputo, no solo como responsables del desmonte de miles de hectáreas. También como parte de quienes conspiran para que se apruebe el proyecto que busca “privatizar las nacientes de agua, apropiarse de recursos mineros- oro y plata, por caso-, y devastar el monte para el agronegocio”. Algo que buscarán también, si no queda en el articulado de la ley, “al otorgarle las fatales facultades delegadas al Ejecutivo”, anticipa.
No es ajuste, es entrega
Dado que el objetivo no es “achicar gastos” –como explican las organizaciones- se evidencia el motivo real de los cambios: la entrega de recursos, el despojo. “Es paradójico. Trabajamos mucho las organizaciones para lograr estas leyes y ahora estamos trabajando para que no las volteen”, reflexiona Bilbao. Las modificaciones minimizan los criterios de protección. “Y se vulnera el principio de no regresión ambiental porque implica disminuir niveles de protección ya alcanzados”, agrega. Viale coincide: “Hasta hace poco debatíamos una ley de humedales. Ahora retrocedimos y estamos debatiendo leyes sancionadas hace 15 años: la de bosques y la de glaciares. ¡Estábamos discutiendo el siglo XXI y nos llevaron a discusiones del siglo XIX!”.
En la tensión se distingue una postal apocalíptica donde podríamos ver un futuro cercano con aumento de sequía por desforestación, producto del desmonte o la quema indiscriminada. El agua sería un lujo arábigo porque las nacientes de los ríos -los glaciares- ya no serían un recurso soberano, estarían en manos privadas, y también sus alrededores convertidos en campos de extracción minera. Una postal desoladora. Eso pretende hacia el futuro, el proyecto presentado.
Las organizaciones expresan su rechazo: “No creemos que el capítulo ambiental siquiera se tenga que discutir, tiene que ser eliminado- señala Bilbao-. El tema ya se discutió y se sancionaron leyes modelo: la Ley de Bosques logró en 2007 frenar la abrupta curva de aumento de los desmontes, sobre todo en Chaco. La tasa bajó considerablemente y eso es importante para nuestros bosques. Sin esa ley podría haber sido una catástrofe”.
Ley de glaciares
“Hoy lo que más nos preocupa es la Ley de Glaciares”, afirma la especialista. Votada dos veces, sancionada en 2010 y ratificada por la Corte Suprema de Justicia con dos fallos, en dos oportunidades, la Ley 26.639 de Protección Ambiental de glaciares y ambiente periglacial –su nombre oficial-, corre peligro de derrumbe. “No sabemos en qué escritorio se decidió cambiarla en tres artículos fundamentales”, comparte.
La ley vigente plantea que los glaciares son “un recurso hídrico estratégico para la vida humana”, detalla Bilbao. “Pero esa concepción ya no figura en el Artículo 1. Y en el 2 se piden requisitos extras para ser áreas protegidas, o sea que se los desprotege y se habilita la actividad minera”. El Artículo 6 que establece las prohibiciones de la actividad minera “ahora queda sujeto a los artículos 1 y 2 modificados, porque buscan reducir área de protección periglacial”.
Esto genera mayor inseguridad jurídica, aunque promueve las inversiones, claro. Los glaciares son “fábricas de agua” define Viale. “Allí nacen muchos de los ríos de nuestro país que dan vida y trabajo a su paso”. Hoy pueden terminar en manos de corporaciones como la canadiense Barrick Gold porque “las modificaciones presentadas fueron escritas por sus abogados”.
Esta empresa explota glaciares de alta montaña en San Juan y Mendoza con minas metalíferas, y quiere expandir sus dominios. Actualmente no puede porque las zonas periglaciales están inventariadas y protegidas. “Por eso quieren achicar el área protegida”, anuncia el abogado. “Esto está escrito con la idea de liberar áreas específicas. Es un avasallamiento y es preocupante tanta desprotección”, coincide Bilbao.
Sobre bosques y quemas
En bosques hubo cambios, entre el proyecto y el dictamen conocido hasta ahora, como en otras áreas. El texto original permitía desmontar zonas de máxima protección: rojas y amarillas. “Esto se eliminó en el dictamen, pero queda la modificación del Fondo para la protección de bosques nativos”, señala Bilbao sobre el Fondo que cuenta con el 0,3 por ciento del presupuesto nacional y el 0,2 de retenciones. Se eliminan también las partidas presupuestarias fijas y se deja las partidas a discrecionalidad del Ejecutivo.
En cuanto a quemas la situación “se agravó” en el dictamen porque permite, ante un pedido de autorización de quema con 90 días sin respuesta, entender una autorización “tácita”. Considerando las sequías y los incendios no se debería ignorar a la autoridad local: “Corrientes perdió el 12 por ciento de la provincia por incendios. Tuvimos meses de humo en las riveras del Paraná por los incendios en Santa Fe”, acierta Viale.
La norma, sin embargo, ignora a las autoridades al momento de evaluar si hacer o no una quema. Se ignoran también las sanciones por quema indebida: cuando no se autorizan por cuestiones climáticas, pero el productor igual quema. Ya no habría sanción si se propaga un incendio como establece la Ley 26.562 de actividades de quema. Por eso exigen y concluyen de cara al tratamiento del articulado, que “estas modificaciones y sus consecuencias perjudican gravemente al pueblo argentino”.
Fuente: Página/12
