La falta de abogados especializados en delitos penales ambientales es un gran obstáculo en el norte del país.

Mañana, 3 de diciembre, se conmemora el Día Mundial de lucha contra los Agrotóxicos. En paralelo, concluye el Encuentro Debate Socioambiental del NOA, que se desarrolla en Anta desde el 22 de septiembre. El fiscal federal Gustavo Gómez, que participará mañana del encuentro, explicó de qué manera debe accionarse contra los delitos ambientales y cuestionó la falta de abogados, especialmente en el norte del país, que trabajen en el área.

De acuerdo con lo que señaló Gómez, “estamos en presencia de delitos ambientales y la sola caracterización del uso de agrotóxicos, en distintas variantes, configura un delito previsto por el artículo 55 y 56 de la ley 24051”. Precisamente, adelantó que, en su intervención de este viernes en el encuentro debate, indicará a las y los asistentes de qué manera y dónde se debe realizar una denuncia por el uso de agrotóxicos.

“Hay un gran desconocimiento y una situación de vulnerabilidad”, observó para luego afirmar: “Los abogados que yo conozco no se dedican al derecho penal ambiental. Por lo tanto, esto, que es un delito, no es investigado por el sistema de administración de justicia, especialmente en la zona de Salta. No se hacen muchas denuncias, y las pocas que se hacen tienen características administrativas. Hacen una denuncia ante algún organismo oficial y es como poner al zorro a cuidar el gallinero porque detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario de turno corrupto”.

Y añadió: “Cuando uno trata de llegar a la justicia federal, que es la competente para entender esto, si no tiene un rol determinado activo, puntual, con un abogado para presentarse como querellante en la causa penal, lo más probable es que en un común acuerdo entre jueces y fiscales al expediente lo archiven”.

“Mi intención es motivar a que se hagan las denuncias por contaminación con agrotóxicos y enseñar algunos métodos”, subrayó explicando que “por ejemplo, habitualmente, para rociar con algún tipo de fumigación, hay que tener una receta archivada en la Secretaría de Agricultura de la ciudad o de la Provincia”.

No obstante, destacó que existen antecedentes favorables, como el caso de San Nicolás, en Buenos Aires, donde un juez federal prohibió el uso de agrotóxicos en un radio importante a raíz de una causa penal en la que se investiga, justamente, el uso de agrotóxicos. Otros ejemplos se encuentran en Entre Ríos y Santa Fe.

Gómez hizo hincapié en el hecho de que “Argentina está como partida en dos, una cosa es de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos hacia el norte, y otra es hacia el sur, incluida provincia de Buenos Aires”. “En la provincia de Buenos Aires hay en este momento una causa penal tramitándose en el juzgado de Dolores por delito de contaminación”, indicó.

Asimismo, consideró que “hay abogados que están más comprometidos con este tipo de ilícitos y en el norte no los encontramos”, y agregó: “La verdad es que el tipo de instrucción que reciben en las universidades del norte argentino no se les enseña, por ejemplo, el delito penal ambiental, o el derecho procesal penal ambiental”.

“Las universidades son también grandes cómplices de la contaminación. En el marco de la facultad de derecho, por ejemplo”, aseveró Gómez al tiempo que señaló que “las universidades públicas reciben muy buen dinero de las explotaciones mineras que hay en Catamarca, por ejemplo”.

Así las cosas, y lamentando que “al militante ambiental muchas veces no se lo quiere comprender y cuando sale a hacer manifestaciones lo meten preso”, explicó que otro problema del ciudadano de a pie es que pareciera ser que el acceso al sistema de justicia requiere, necesariamente, de un abogado. “Yo trato de enseñar que no es necesario a veces un abogado para actuar ante la justicia”, puntualizó.

Ante la evidente falta de intención de llevar adelante las investigaciones por delitos penales ambientales, el fiscal instó a la población a realizar acciones colectivas, sumando denuncias individuales por el mismo hecho. Igualmente, puso énfasis en la necesidad de contar con representación letrada para poder constituirse como querella y hacer el seguimiento de la causa.

Por otra parte, el fiscal se refirió al rol de la prueba pericial, señalando: “Tengo 30 años de fiscal federal y las causas en las que he tenido que intervenir con un perito químico no llegan al 10%. En un altísimo porcentaje, las recetas que se deben presentar no se presentan, y ahí está comprobado el delito. Las impresiones digitales son tan burdas que con prueba documental ya se está probando un delito ambiental”.

En este punto, aseguró que realizar una denuncia penal “es mucho más efectivo que un amparo”. “Son juicios civiles muy largos, lo mejor es la acción penal ambiental que permite reclamar una indemnización. Un amparo no lo permite. Lo mejor que se puede hacer con un juil de amparo es pedir que alguien lo fumigue, pero durante un tiempito”, sostuvo.

“Hay que tratar de meterlos en cana. Hay que tratar de que, si no van presos, las empresas que contaran con ellos sepan que tienen causas penales, porque ese es un obstáculo muy importante al momento de adquirir un producto, por ejemplo”, enfatizó el fiscal antes de resaltar, además, que “cualquier legislación, si no tiene una cláusula penal sancionatoria, nadie la cumple”.

Fuente: Somos tierra – FM Noticias 88.1 MHz.