El cuerpo fue entregado ayer a su familia, pero aún no se informó la causa de la muerte. El fiscal penal pasó la causa al Juzgado de Menores, porque el único detenido es un adolescente. Por otro lado, en Tartagal, denunciaron violencia obstétrica por la muerte de una joven wichí.

El cuerpo de Pamela Julia Flores, la niña wichí de 12 años víctima de femicidio, fue entregado ayer a sus familiares. Pertenecen a la comunidad Misión Kilómetro 2, en el departamento Rivadavia, en el norte salteño. Aun no se informó oficialmente la data ni la causa de la muerte. En cambio, el Ministerio Público Fiscal de Salta comunicó que el fiscal Gonzalo Vega pasó las actuaciones al Juzgado de Menores de turno en la feria, porque el único detenido es un adolescente de 17 años, de la misma comunidad.

En Misión Kilómetro 2 no creen que sea el único responsable del crimen. «Lo que nosotros pensamos es que hay otros. Queremos que la justicia investigue bien, que haga el trabajo como corresponde, que investigue hasta el fondo. Nosotros creemos que hay más implicados», sostuvo el presidente de la comunidad, Raúl Manuel. «La familia manifestó que (la niña) no tenía un vínculo con él. Nosotros no creíamos que es el novio porque casi todos somos parientes conocidos», añadió.

El cuerpo de la niña fue encontrado cerca de un parador, a 15 metros de la ruta nacional 81. Es una vía que tiene bastante tránsito porque comunica con la provincia de Formosa. «En ese lugar los fines de semana hay camionetas, autos, motos. Gente que viene de otra localidad. Vivimos entre Dragones, Pluma del Pato, y Morillo», dijo el presidente comunal. Señaló que hay venta y consumo «de bebidas alcohólicas, y de otras sustancias como ser marihuana, pasta base, nafta (que inhalan), también de alcohol puro». Aseguró que quienes van a vender estas sustancias son «criollos», «gente de afuera». «Como presidente de la comunidad hice reclamos, recurrí a las autoridades, para que hagan un poco de control y nunca hemos obtenido respuestas», afirmó.

Abusos y abandono

Manuel relató que en ese contexto hay adultxs «criollos» que «llevan engañando» a las niñas de la comunidad y abusan de ellas a cambio de «pan». «Viene gente de afuera, hombres, los criollos. No respetan a la mujer indígena. Eso sí se ve», manifestó. También dijo que hay niñas y adolescentes que «son mamás, que quedan embarazadas» como consecuencia de esos abusos.

Manuel denunció que no tienen presencia de instituciones estatales para prevenir y dar respuestas ante estas problemáticas.

El año pasado, el asesor de Menores e Incapaces de Embarcación, José Cortez, pidió la reapertura de un centro sociosanitario en el que se brindaba asistencia a niños, niñas y adolescentes con problemas de adicciones en la localidad de Coronel Juan Solá, también conocida como Estación Morillo.

El funcionario judicial describió un contexto de vulnerabilidad de las infancias y adolescencias de los lugares donde tiene intervención. Además de Morillo, incluye Los Blancos, Capitan Pagé, Pluma del Pato, localidades ubicadas en el departamento Rivadavia, y también Embarcación y General Ballivián, en el departamento San Martín. Es «una zona muy abandonada en la que faltan políticas públicas», sostuvo Cortez.

Contó que el combustible es allí «la droga de los pobres». Asoció ese consumo a la vulnerabilidad social, económica, territorial, a la falta de vivienda y de contención en la escuela y a la escasez de ofertas de empleo. Señaló que les chiques tienen pocas oportunidades de movilidad social; quienes terminan la secundaria, si quieren continuar sus estudios, deben trasladarse a Embarcación, donde hay carreras terciarias, pero «pocas». También hay dificultades de traslado porque tienen un solo colectivo, con un solo horario.

En Misión Kilómetro 2 hay 140 familias, que tienen entre 8 o 9 integrantes cada una. Según describió Manuel, viven en hacimiento, «y otros no quieren estar amontonados, arman una carpita». Además, dijo que padecen hambre. “Hay días que conseguimos (comida) y otros días que no podemos», expresó. Aunque hay familias que accedieron a la asignación universal por hijo y algunas tienen la Tarjeta Alimentar, eso «no alcanza».

La comunidad tampoco tiene agua potable. Manuel señaló que tienen una conexión que va de Pluma del Pato, pero solo sale agua una hora, a la madrugada. Tampoco tienen asistencia sanitaria y deben caminar dos kilómetros para atenderse en el centro de salud de Pluma de Pato.

Tanto el presidente comunal como el referente de la ONG «De la mano por el mundo», Germán Vildoza, desmintieron un parte de prensa en el que el gobierno provincial afirmó que está asistiendo a la familia. Vildoza contó que recibieron la visita de una funcionaria de la Secretaría de Asuntos Indígenas. «Una doctora que estaba ahí supuestamente para acompañar a la familia fue a hacer entrega de un paquetito de galletas, tostadas, algo de mercadería y unos pañales, pan y unas facturas para los chicos. Esa fue toda la asistencia de Asuntos Indígenas, es lo que justifican ellos como asistir y acompañar a las víctimas», manifestó.

Aseguró que ningún funcionario se comunicó con él en relación al femicidio ni por las problemáticas que están viviendo. Vildoza añadió que lxs funcionarixs de Asuntos Indígenas «estuvieron una hora, se largó a llover y se fueron».

Además, afirmó que la funcionaria de Asuntos Indígenas, que se identificó como Sandra Ruiz, hizo comentarios fuera de lugar sobre la relación del padre y la madre de Pamela, que están separades. «Fue un momento horrible», dijo; contó que la funcionaria criticó la colecta realizada por el padre para reunir fondos con los que afrontar los gastos del sepelio, que dijo que «eso estaba mal, empezó a preguntarle qué hace cuánto no veía a la niña», de una manera «desubicadísima, dando a entender a la mamá que el papá se estaba aprovechando de la situación».

Violencia obstétrica y discriminación

Ayer se presentó una denuncia penal por mala praxis médica y violencia obstétrica por la muerte de Aldana Quico, la joven wichí de 18 años que estaba embarazada de 8 meses y falleció el jueves pasado en el Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal.

La denuncia fue presentada por familiares de la joven junto al abogado Hernán Mascietti, de la Junta Promotora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanes Salta. Es en contra de un médico y una obstetra, a quienes acusan por mala praxis, abandono, torturas y violencia, todo agravado por la discriminación.

Aldana vivía en la comunidad La Puntana junto a su pareja. A principios de diciembre del año pasado se trasladó a la comunidad wichí Kilómetro 6, en Tartagal, con el fin estar cerca del Hospital por su avanzado estado de gravidez. Se hacía los controles en un centro de salud, con la obstetra Rosana Colchado Palacios y la enfermera Iris López; también se hacía controles y análisis en el Hospital.

Según lo denunciado, el martes la joven sentía dolores intensos, fue al centro de salud y la enviaron a su casa. El miércoles tenía fuertes dolores e hinchazón en la cara y los pies, por lo que la madre y el padre fueron al centro de salud a solicitar nuevamente un turno. Consultaron a la enfermera si podían usar la ambulancia porque su hija estaba con fuertes dolores de parto, aunque les dijo que debían esperar a la obstetra. La espera se prolongó por 3 horas y recién a las 11 de la mañana la asistieron, para entonces la joven tenía el cuerpo «hinchado».

La denuncia sostiene que llegaron al domicilio la obstetra y la enfermera le tomaron los signos vitales y aseguraron que estaba bien. “Se miran entre las dos”, contaron desde la familia. La profesional se sorprendió por el cuerpo hinchado y le dijo a la madre, Enriqueta Díaz: “Tiene olor nauseabundo la chica”. “Cuidá a tu hija, mirala, si le pasa algo vos sos la culpable”, le dijo.

Ese mismo día la joven fue internada en el Hospital, donde la asistió el ginecólogo Patricio Parra Marín. Tras revisarla dispuso que se le coloque suero, aseguró que el feto ya estaba muerto y dijo que esperara el efecto del medicamento suministrado para expulsarlo como parto natural. Todo esto a pesar de que Aldana lloraba de dolor. Solo dejaron pasar a una hermana para que la asistiera, mientras la madre, el padre y demás familiares esperaban afuera. A pesar de que la cuidadora pidió reiteradamente que se le hiciera una cesárea, advirtiendo que la joven se estaba muriendo, sus ruegos no fueron atendidos. Finalmente, Aldana falleció a las 1 de la madrugada del jueves «sin asistencia», según consta en la denuncia.

Crimen étnico y muertes evitables

Organizaciones de mujeres y el colectivo LGBTIQ+ calificaron las muertes de Pamela y Aldana como «crímenes étnicos». Afirmaron que “no son hechos aislados, sino que se enmarcan en un abandono del Estado Provincial, de una administración clerical opus dei, colonizante, patriarcal, que considera a los integrantes y a las integrantes de los pueblos originarios como ciudadanos y ciudadanas de cuarta categoría”.

La abogada Tania Kiriaco, de la Fundación Género y Masculinidades, firmante del comunicado, destacó «la vulnerabilidad que viven las mujeres wichís, la inseguridad, la falta de servicios públicos adecuados en sus comunidades». Ello, remarcó, las obliga a «salir de sus comunidades porque no tienen los servicios de salud, educación, seguridad».

«Vemos con estupor desde la fundación Gema la muerte de cada mujer y sobre todo de las más vulnerables, que son las mujeres que provienen de los pueblos originarios. Nos causa asombro porque el Estado provincial viene trabajando con ONU Mujeres, no sabemos cuál es el relevamiento sobre las condiciones de vida de las mujeres, cuál es el diagnóstico para mejorarles la calidad de vida», agregó.

Fuente: Salta/12