Piden aunar esfuerzos porque “el desconocimiento de los derechos es muy fuerte y el daño que se va a ir haciendo a los recursos naturales, que son de todos, es muy grande”.
En medio de cuestionamientos y denuncias por irregularidades y posibles violaciones a la Ley Nacional de Bosques 26.331, el Senado provincial se dispone para el tratamiento del nuevo mapa del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, luego de su aprobación en la Cámara de Diputados la semana pasada.
Hace exactamente una semana, representantes de diferentes instituciones y organizaciones se reunieron con senadores para plantear sus inquietudes. David Torres, delegado del Consejo de Participación Indígena (CPI) del pueblo Lule, quien participó del encuentro, aseguró que “no se hizo la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas”. “Sobre todo por la relación que hay con la tierra, el territorio, y porque implica consecuencias a futuro sobre las comunidades y sobre la región donde se van a hacer los desmontes”, puntualizó.
Al respecto, el abogado Álvaro Arias Camacho aseveró que “no se respetó ese principio de la consulta previa e informada que establece el convenio 169 de la OIT, sencillamente porque no se convocó a la gran mayoría de los referentes de las comunidades indígenas”.
“Tenemos recabado que el procedimiento no fue realmente participativo. En 2023 participaron solamente 91 personas en un encuentro que se hizo, de las cuales el 25% eran funcionarios del gobierno. Tampoco contamos con las actas que demuestren la participación, donde haya nombres de los referentes de las comunidades, cuáles fueron esas comunidades. Solamente hay datos genéricos, globales, pero que no acreditan que realmente hayan participado referentes de las comunidades”, expuso en detalle.
Aclaró que “la consulta se tuvo que hacer antes, sobre todo en una cuestión tan delicada como la de los bosques nativos, que significan para muchas comunidades su propio hábitat, la zona donde desarrollan su vida, que es parte fundamental de su identidad y de su cosmovisión”.
“Somos realistas, sabemos que hay mucho peso económico y político detrás de este proyecto, por eso estamos previendo acciones legales”, enfatizó y dijo: “El informe es meramente técnico y no considera lo comunitario, lo social, cuestiones que fundamentalmente deberían haberse considerado”.
Sin medir las consecuencias
Torres destacó otra irregularidad que ya se viene señalando desde diferentes organizaciones, y es que “en el cuerpo de la ley con media sanción hay categorías que no existen en la Ley de Ordenamiento de Bosques”- que prevé las categorías I (rojo), II (amarillo), y III (verde)-.
Esto último fue mencionado en referencia a las APC (Área de Producción y Conservación), zonas marcadas en el nuevo mapa con un color marrón, ahora “amarillo oscuro”, a sugerencia del Gobierno nacional. Se trata de más de 3 millones de hectáreas en donde se podrán desmontar 721.568 hectáreas.
Cabe resaltar que, según datos oficiales, en Salta se desmontaron unas 714.052 hectáreas desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques, a fines de 2007, hasta fines de 2022.
“Se cuestionan porque son muy permisivas a la hora de los desmontes- expuso Torres- No se trata tan solo de la preservación en sí, tiene que ver con un modo de vida, con servicios que dan el bosque, los árboles, hacia las sociedades más cercanas y la región, como la regulación de la temperatura y otras cosas. Las consecuencias no se están teniendo en cuenta, solamente los reclamos de los productores o del mercado”.
“Tiene que haber un interés muy fuerte. Capaz que el senado está viendo algo positivo que nosotros no vemos, pero deberíamos saberlo”, agregó con preocupación tras la reunión en la que los senadores sólo les garantizaron que se tomarían algunos días más para el análisis del proyecto.
Ante la situación, apeló a “la unidad con el resto del movimiento indígena”, junto a diferentes sectores de trabajadores, campesinos, desocupados y miembros de la economía social. “Queremos aunar esfuerzos porque el desconocimiento de los derechos es muy fuerte y el daño que se va a ir haciendo a los recursos naturales, que son de todos, es muy grande”, advirtió Torres.
